La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile reunió esta semana a agentes federales de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur para intercambiar estrategias contra el crimen organizado transnacional, con especial foco en el rastreo e incautación de criptoactivos.
"Dimensionamos un fenómeno que no es menor, aquello que mantiene en el tiempo a estas organizaciones, su visión empresarial y capacidad de lucrar. Sus inversiones, sus patrimonios, las estructuras que los encubren y defienden, eso es lo que debemos perseguir”, dijo el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Según explicaron los participantes del evento, durante un allanamiento, un detective ya no solo busca documentos, dinero o armas; también debe asegurar teléfonos y dispositivos inteligentes para rastrear las finanzas del crimen organizado, como dejó de manifiesto el esquema de lavado de dinero del narcotráfico descubierto hace días en Valencia o el uso de criptoactivos para sacar millonarios fondos de Chile por parte de Tren de Aragua.
En ese contexto, aseguró Cerna, se apunta a golpear el patrimonio y por ello “la inteligencia policial y económica apunta a lo más oculto y complejo, hoy por ejemplo expresado en los criptoactivos”.
En la opotunidad, también se socializaron herramientas que permiten establecer la trazabilidad de los criptoactivos, desarrollando la capacidad de las instituciones para incautarlos y dejarlos fuera del alcance de las estructuras criminales.
“El método de los criptoactivos ha sido incorporado por un sinfín de organizaciones para mover recursos y dificultar su rastreo”, dijo Johnny Fica, a cargo de la Prefectura contra el Crimen Organizado de la PDI, a EFE.
En Chile, el uso de los criptoactivos por parte de estas estructuras está instalado desde al menos el año 2020, según Fica, quien señaló que se trata de "una realidad que obliga a la policía a incorporar capacidades para detectar, analizar e incautar fondos digitales, y coordinar acciones cuando las cuentas están fuera del país".
El inspector jefe de la Policía Nacional de España, Marcos Alvar, complementó que las organizaciones criminales “dejaron estructuras verticales y avanzaron hacia modelos dispersos y transversales, donde pueden subcontratar servicios especializados”, una transformación que dificulta perseguir sus finanzas.
Alvar subrayó que estas organizaciones funcionan como “multinacionales del crimen”, incorporando tecnología y profesionales que dan forma a su organigrama financiero.
“En definitiva, lo más importante en la cooperación es que tiene que ir de la mano de la policía, los fiscales y los jueces. (...) Si no hay un levantamiento por parte de ciertos países que operan como paraísos fiscales, es muy difícil llegar a ellos”, destacó.
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