Columna de Opinión

El ministro de Hacienda, confirmó que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 no contempla financiamiento para las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb, conocidas durante años como “Yo elijo mi PC”. De aprobarse el Presupuesto en esos términos, 2027 sería el primer año, después de 17 años de vigencia, en que esta política no entregaría computadores a estudiantes del país.

La política considera la entrega de notebooks a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a estudiantes focalizados de colegios particulares subvencionados. Los equipos incluyen herramientas educativas, recursos de accesibilidad y conexión móvil a internet por 12 meses. Así garantizar condiciones materiales mínimas para aprender, investigar, comunicarse, desarrollar habilidades digitales y participar de un mundo donde el acceso al conocimiento depende crecientemente de la tecnología.

Desde la docencia en educación superior sabemos que la desigualdad educativa no comienza cuando una o un joven llega a la universidad. Comienza mucho antes: en el acceso diferenciado a internet, a un lugar adecuado para estudiar, a libros y acompañamiento pedagógico. Cuando esas diferencias se acumulan durante la enseñanza básica y media, llegan a expresarse con fuerza en la educación superior, en las brechas de aprendizaje, en las posibilidades de adaptación, en la permanencia y también en las expectativas de futuro.

Es importante recordar que estos beneficios nunca tuvieron una lógica puramente asistencial. Reconocían que el desempeño académico no ocurre en el vacío. Una estudiante puede tener altas capacidades y una profunda motivación, pero si no tiene computador, conectividad o un espacio digno para estudiar, sus oportunidades reales se reducen. La llamada meritocracia pierde sentido cuando las condiciones de partida son radicalmente desiguales.

Por eso, entregar un computador a una niña, niño o adolescente no garantiza por sí solo su trayectoria educativa, pero sí remueve una barrera concreta. Puede significar acceder a una plataforma de aprendizaje, hacer una tarea sin depender del teléfono de un adulto, investigar para una exposición, comunicarse con docentes, preparar una postulación a la educación superior o simplemente descubrir que el conocimiento también le pertenece.

Lo más preocupante de esta discusión no es solo que el programa haya quedado fuera de la propuesta presupuestaria. También lo es la justificación entregada. Consultado específicamente por las razones para eliminar su financiamiento, el ministro Quiroz señaló: “No recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”.

Esa frase debiera interpelarnos profundamente. Las políticas públicas deben ser evaluadas, por supuesto. Ningún programa debe quedar fuera del escrutinio de su pertinencia, eficiencia, cobertura, implementación y resultados. Pero evaluar no puede ser sinónimo de recortar sin transparentar la evidencia que sostiene la decisión.

Toda política pública seria requiere evaluación ex ante, durante su implementación y ex post. Antes de crear, modificar o eliminar un programa, corresponde preguntarse: ¿cuál es el problema que busca resolver?, ¿a qué población llega?, ¿qué resultados produce?, ¿qué brechas persisten?, ¿cuál sería el efecto de su desaparición?, ¿existen alternativas de rediseño, focalización o mejora antes de optar por eliminarlo?

Si el programa presentaba hallazgos, la discusión pública necesita conocerlos. ¿Se trataba de problemas de focalización? ¿De cobertura insuficiente? ¿De retrasos en la entrega? ¿De debilidades en la conectividad asociada? ¿De falta de seguimiento sobre el uso educativo de los equipos? ¿Se evaluaron los efectos que tendría dejar sin este apoyo a más de 96 mil estudiantes por año?

Los hallazgos deben conducir a mejorar las políticas, no necesariamente a abandonarlas. En particular, cuando se trata de una política orientada a reducir una desigualdad estructural como la brecha digital.

TECNOLOGÍA Y DETERMINACIÓN SOCIAL

Desde una perspectiva de determinación social, el acceso a tecnología no puede ser entendido como un lujo ni como un premio. Es una condición que influye en las posibilidades reales de aprender, participar y proyectar una vida con mayor autonomía.

Las desigualdades sociales se distribuyen territorialmente y se expresan en los hogares, las escuelas y los espacios comunitarios. No todas las familias pueden comprar un computador o contratar internet. En esas condiciones, pedir igualdad de desempeño sin garantizar igualdad de condiciones resulta, como mínimo, contradictorio.

La pandemia dejó una lección en las instituciones de educación que no deberíamos olvidar: cuando la educación depende de la conexión, quienes no tienen dispositivos ni internet no solo quedan atrasados; quedan fuera. La brecha digital es una expresión contemporánea de la desigualdad social y educativa. Por ello, una política de acceso tecnológico debe ser entendida como parte del derecho a la educación y no como un gasto prescindible.

En un sistema educativo profundamente segmentado, donde el origen socioeconómico continúa condicionando oportunidades, iniciativas como las Becas TIC cumplen una función de compensación indispensable. No reemplazan transformaciones estructurales, pero contribuyen a que la desigualdad no sea tan dura ni tan determinante en la vida de las y los estudiantes.

El proyecto de Presupuestos 2027 debe ser discutido en el Congreso. Esa instancia debiera permitir una deliberación con altura de miras, evidencia disponible y una preocupación genuina por las consecuencias de esta decisión.

La pregunta no debiera ser únicamente cuánto cuesta entregar computadores. También debemos preguntarnos cuánto cuesta, en términos sociales, educativos y democráticos, retirarles esa herramienta a miles de estudiantes. ¿Cuánto cuesta profundizar una brecha que luego se expresa en rezago escolar, menor acceso a educación superior, precarización laboral y exclusión digital?

Es legítimo revisar programas públicos. Es necesario mejorar su diseño, monitorear su implementación y exigir resultados. Pero no es aceptable que una política con 17 años de trayectoria, que en 2026 benefició a 96.100 estudiantes, desaparezca de la discusión presupuestaria sin que el país conozca con precisión la evidencia, los criterios y las consecuencias de esa determinación.

“Yo elijo mi PC” nunca fue solamente un computador. Fue, y sigue siendo, una herramienta concreta para que miles de estudiantes puedan elegir, también, mejores oportunidades de aprendizaje, desarrollo y futuro.