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Algunas con temor, otras con esperanza, pero todas las víctimas de la antigua Colonia Dignidad, el asentamiento alemán usado como centro de tortura durante la dictadura, viven con incertidumbre tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric, de expropiar parte de los terrenos para levantar un sitio de memoria que recuerde las atrocidades que allí se cometieron.

Harald Lindemann, de 65 años, llegó al lugar en 1963, a los 3 años, con su madre. A los 7 empezó a trabajar "limpiando campos, sacando piedras y raíces de sol a sol", y a los 10 fue "torturado en el hospital nuevo todas las noches", recordó a EFE desde el carrito de comida que regenta en la entrada al recinto, hoy conocido como Villa Baviera.

Un año antes había llegado al asentamiento la familia de Horst Schaffrik, de la misma edad, quien vivió una historia similar: separación parental, trabajo esclavo en el campo, violencia sexual, castigos, malos tratos y medicación forzada "tan fuerte que hasta caminando uno se quedaba dormido", relató a EFE el actual presidente de la Asociación de Víctimas por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los ex Colonos (ADEC).

Todo ocurría bajo el estricto régimen del exmilitar nazi Paul Schäfer, quien fundó el asentamiento en 1961 tras huir de Alemania junto a un grupo de fieles, y fue condenado en 2006 por abusos sexuales.

Ambos reconocen haberse "sorprendido" por el inesperado anuncio de Boric, pero valoran que se construya un lugar para el recuerdo en un asentamiento que también sirvió como centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y donde se calcula que un centenar de opositores fueron asesinados.

El asentamiento fue desmantelado tras el retorno a la democracia en Chile y hoy en día funciona como centro turístico a través de un consorcio de varias empresas también agrícolas y forestales.

Para Hernán Escobar, de 57 años, quien ingresó con 8 a la colonia y hoy integra el directorio de una de las sociedades anónimas del holding, "es un paso en la dirección correcta", aunque teme que esto "marque" y "estigmatice" a trabajadores y residentes, dijo a EFE.

"QUEREMOS SEGUIR VIVIENDO AHÍ"

 Son seis los edificios de Villa Baviera que el Ministerio de Justicia chileno solicitó expropiar: la casa de Schäfer, el restaurante, el edificio de administración donde también funciona el hotel, la bodega de patatas, el hospital y la portería.

Fueron elegidos en base a una propuesta de expertos chilenos y alemanes encargada por una comisión creada en 2017 por los Gobiernos de ambos países.

"El actual restaurante del Hotel Villa Baviera fue el epicentro donde Schäfer coaccionó a los colonos durante 40 años, hacía sus prédicas religiosas y se hacían orgías de golpes contra quienes consideraba pecadores", señaló a EFE el abogado de la ADEC, Winfried Hempel.

A pesar de aplaudir la iniciativa, los alemanes admiten que hay incertidumbre por cómo impactará la expropiación al centenar de personas que residen en el lugar: "Es importante que los colonos podamos seguir viviendo y trabajando ahí, que no nos echen a la calle", apuntó Lindemann.

Para los administradores de las empresas del complejo, la inquietud y angustia es aún mayor: "Será una pérdida de capital, empleo y patrimonio para nosotros", lamentó Escobar.

Muchos son hijos y herederos de los jerarcas de Schäfer que han acumulado beneficios millonarios gracias a un entramado empresarial en la estructura societaria.

UN PROCESO LARGO Y POLÉMICO

Aunque oficialmente se desconocen los detalles de la propuesta, según Hempel, la expropiación afectaría directamente al menos a dos de las 17 sociedades del holding: la administradora del restaurante y "la propietaria de los terrenos donde se emplaza la villa".

La psicóloga e historiadora de Colonia Dignidad Evelyn Hevia, opinó a EFE que el lugar "no puede seguir siendo gestionado por los actuales propietarios de los inmuebles", sino que se debe crear una institución administrada por profesionales en la materia e implicar a expertos y víctimas.

La indemnización a los expropiados se anticipa polémica. Los colonos exigen recibir una parte del pago por “haber trabajado forzosamente por décadas” de manera gratuita a pesar, incluso, de constar como accionistas (minoritarios) en algunas sociedades del consorcio.

El proceso se prevé largo y no se descarta que la actual administración recurra a la Justicia, lo que podría retrasarlo aún más. "Lo que viene es un paso más -concluyó Lindemann- un cambio, pero no un cierre de etapa".