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Han transcurrido tres semanas desde que Interferencia reveló que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, firmaron 56 decretos de rebaja de condenas que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, violaciones a los derechos humanos y vínculos con organizaciones del crimen organizado.

La controversia se ha transformado en uno de los principales conflictos políticos de la administración del Presidente José Antonio Kast, generando cuestionamientos desde la oposición y desde el interior del propio oficialismo.

En un comienzo, el Ejecutivo respaldó las decisiones adoptadas por el ministro Rabat, quien  sostuvo que había actuado conforme a la jurisprudencia, afirmación que fue contradicha por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Mientras que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, en sus primeras intervenciones en el cargo, aseguró que el trabajo jurídico del secretario de Estado había sido “impecable” e incluso sugirió que detrás de las críticas existía una operación político-comunicacional impulsada por la oposición.

Sin embargo, pocas horas después, el propio Presidente Kast reconoció la gravedad de lo ocurrido y, dirigiéndose a las víctimas, afirmó: “El Estado les falló”.

En esa oportunidad, el mandatario anunció que su administración asumiría una responsabilidad que iba “más allá del Ejecutivo” y que optaría por el camino “más difícil”y  encomendó al propio titular de Justicia la corrección de los errores.

Posteriormente, el titular de la cartera anunció la suspensión de los trámites en curso, una revisión caso a caso y la presentación de un proyecto de ley con discusión inmediata para cerrar el vacío legal que permitía a personas condenadas por abusos y violaciones cometidos antes de 2022 acogerse a antiguas normativas de rebaja de penas.

No obstante, estas medidas no consiguieron contener los cuestionamientos. A más de veinte días de conocerse los antecedentes, las críticas continúan apuntando al Presidente Kast y su decisión de mantener a Rabat en el cargo, cuya figura se ha convertido en un factor de tensión para el Gobierno y sus partidos aliados.

Fuente: Agencia UNO

LEALTAD 

La decisión presidencial de mantener al ministro ha abierto diferencias entre las colectividades que respaldan al Ejecutivo. Renovación Nacional expresó, a través de una declaración pública, “serios reparos” respecto del manejo gubernamental de la crisis y solicitó revisar las responsabilidades de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente.

En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo en declaraciones a La Tercera que “para mí la lealtad no es incondicionalidad. De hecho, la incondicionalidad muchas veces es una deslealtad”.

Por otro lado, el diputado republicano Alejandro Riquelme había advertido que “se es oficialismo o se es oposición”, cuestionando la actitud de algunos miembros de los partidos de derecha.

“Para pedir puestos están primeros en la fila, pero para defender al Gobierno son los primeros en esconderse”, agregó el parlamentario.

La discusión sobre la lealtad también fue abordada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón, quien afirmó que “la lealtad no es ser un buzón y decir a todo que sí y el presidente Kast lo tiene claro”. Pese a las diferencias, la legisladora descartó que estas discrepancias representen un quiebre entre los partidos de derecha y el Gobierno.

Desde el análisis comunicacional, el publicista y académico de la UDP, Cristián Leporati, calificó la postura de La Moneda como una “lealtad mal entendida”, advirtiendo que la decisión de mantener al ministro termina trasladando los costos políticos de la controversia hacia la figura presidencial.

Las diferencias se producen, además, en medio del anuncio de una acusación constitucional contra Rabat. Aunque la oposición ha manifestado su intención de impulsar el libelo, este todavía no ha sido ingresado al Congreso. Sus promotores esperan contar con la entrega oficial de los decretos por parte del ministerio para fortalecer los fundamentos jurídicos de la presentación, considerando que buena parte de los antecedentes conocidos hasta ahora provienen de filtraciones a medios de comunicación.

En paralelo, las publicaciones también motivaron al ministro de Justicia a iniciar una investigación interna en la cartera.

Fuente: Agencia UNO

Frente a este escenario, el Presidente Kast desafió a la oposición a concretar la acusación: “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho. ¿Por qué? Que la presenten y que se vote y que lo estimen pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes”.

Mientras la acusación aún no se presenta, La Moneda ha buscado contener las diferencias oficialistas apelando a la lealtad de sus aliados, asegura una nota de El Dínamo. Sin embargo, esta estrategia también podría aumentar el costo político de la crisis.

“Si es así (apelar a la fidelidad), el costo es muy alto”, advirtió Tomás Mosciatti en una columna de opinión.

Para Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos y académico de la Universidad de Santiago de Chile, el Gobierno enfrenta una disyuntiva que compromete tanto su cohesión interna como su credibilidad pública.

El Gobierno, explica el académico, debe decidir entre “mantener la cohesión y la lealtad, proteger la interna de los grupos de apoyo más duro del gobierno, o, por otra parte, tomar la decisión de sacar al ministro e intentar recuperar la credibilidad frente a la opinión pública, que en este momento muestra un deterioro significativo”.

La controversia se suma, además, a otros episodios que han generado cuestionamientos, entre los que se pueden nombrar las diferencias públicas entre ministros, las críticas a la planificación en materia de seguridad y los problemas en la dirección del equipo político. En conjunto, estos antecedentes han abierto interrogantes sobre la capacidad de conducción del Gobierno.

LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN POLÍTICA

El caso Rabat ha dejado en evidencia dificultades que, según especialistas, van más allá de los decretos cuestionados.

Para Mella, la controversia reúne elementos que permiten identificar problemas estructurales en la conducción del Ejecutivo. A su juicio, lo ocurrido “revela importantes problemas de coordinación política, de gestión para el control de daños y de conducción presidencial”.

El académico sostiene que el tránsito desde la defensa de un procedimiento supuestamente “impecable” hasta el reconocimiento de un error por parte del Presidente demuestra que el Gobierno ha perdido la capacidad de construir una explicación coherente de sus propias decisiones.

Una mirada similar plantea Raúl Elgueta, académico del Instituto de Estudios Avanzados Usach, quien considera que las dificultades de organización son habituales en las administraciones presidenciales, pero señala que “normalmente ocurre que en estos problemas hay ‘fusibles’ que saltan antes. Acá se está comprando un problema que no era necesario para el presidente”.

Para Elgueta, la situación evidencia deficiencias tanto en la gestión política como en la estrategia comunicacional del Gobierno, las cuales están vinculadas a  un modelo de conducción sustentado principalmente en la confianza personal que el Presidente deposita en sus ministros, quienes disponen de espacios para tener agendas propias, lo que dificulta la coordinación de respuestas cuando surgen controversias que comprometen a distintas autoridades.

“Es cierto que el cargo de ministro es un cargo de confianza del presidente, pero se puede dejar de ser ministros sin abandonar la confianza personal”, remarca el investigador.

Fuente: Agencia UNO

Para ilustrarlo, recurre a una expresión popular: “Es preferible ponerse colorado una vez que pasar permanentemente dando explicaciones”.

Desde el ámbito de las comunicaciones, Pablo Matus, profesor e investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, considera que en este caso resulta imposible separar la dimensión política de la comunicacional.

“En muchos escenarios de dificultad política, los gobiernos contienen la crisis política mediante una gestión de comunicaciones. Aquí ha sido todo lo contrario: la comunicación ha perjudicado más la agenda del gobierno”, sostiene.

Matus identifica tres momentos que contribuyeron a profundizar el conflicto: las contradicciones iniciales entre las autoridades, la rápida aparición de cuestionamientos desde los propios partidos oficialistas y la controversia comunicacional protagonizada por el exsubsecretario Silva.

En su opinión, estos episodios impidieron contener oportunamente el conflicto y terminaron amplificando sus consecuencias políticas.

CAÍDA EN LAS ENCUESTAS 

Marcelo Mella reconoce que la lealtad de los partidos oficialistas constituye un elemento importante para sostener la capacidad legislativa del Ejecutivo. Sin embargo, advierte que esa cohesión resulta insuficiente cuando las decisiones presidenciales enfrentan un rechazo significativo de la opinión pública.

Según el Termómetro SWAY, elaborado por la consultora SWAY LATAM, la aprobación de Kast entre quienes votaron por él en segunda vuelta disminuyó del 90% al 59% entre marzo y octubre de 2026, de acuerdo con cifras de Cadem recogidas por el informe.

Por su parte, la encuesta Criteria situó la aprobación presidencial en torno al 24%, mientras que la desaprobación alcanzó el 67%.

El sondeo también mostró evaluaciones desfavorables en atributos como capacidad de mando, honestidad y competencias para ejercer el cargo. No obstante, un 48% de las personas consultadas destacó el perfil trabajador del mandatario.

Ante las críticas, Kast ha defendido su estilo de conducción, asegurando que “no vivo de las encuestas” y que prefiere priorizar los hechos por sobre los grandes discursos.

Sin embargo, para Mella, los niveles de rechazo a la permanencia de Rabat obligan al Presidente a evaluar los costos de sostener su decisión.

“La lealtad de los partidos oficialistas puede ser una condición necesaria para mantener la capacidad legislativa del Gobierno, especialmente entre sus sectores de apoyo más firmes. Sin embargo, difícilmente se puede gobernar en contra de la opinión pública”, afirma.

En ese sentido, añade, que el mandatario deberá determinar cuál es la alternativa políticamente más prudente, considerando que, según la Cadem, más del 70% de la ciudadanía rechaza la continuidad del ministro de Justicia.

Bajo esta mirada, los especialistas consideran que lo más recomendable habría sido solicitar oportunamente la renuncia del ministro, evitando prolongar una discusión que continúa afectando al conjunto del Gobierno.

Fuente: Agencia UNO

CONTRADICCIONES EN EL DISCURSO

Otro de los aspectos que ha quedado bajo cuestionamiento es la capacidad del Ejecutivo para sostener una línea comunicacional coherente frente a decisiones controvertidas.

Para Pablo Matus, mantener los ejes discursivos de una administración constituye un desafío permanente, ya que las circunstancias políticas pueden obligar a modificar posiciones o revisar decisiones anteriores. Sin embargo, esta dificultad adquiere especial relevancia en gobiernos que construyen su identidad a partir de discursos categóricos.

“Cuando un liderazgo político utiliza un discurso muy seguro de sí mismo, cualquier contradicción adquiere una dimensión mayor. Por eso, las explicaciones posteriores no siempre contribuyen a contener el daño. En determinadas circunstancias, incluso pueden profundizarlo”, remarca.

El investigador también aborda la estrategia gubernamental de defender medidas impopulares bajo el argumento de que sus beneficios serán reconocidos en el futuro. A su juicio, este tipo de decisiones requiere explicaciones claras y argumentos capaces de sostenerlas frente a la opinión pública.

De lo contrario, advierte, pueden surgir dos dificultades: “La primera es que puede resultar paternalista. Transmite la idea de que las personas actualmente no son capaces de comprender una determinada decisión, pero que en el futuro terminarán reconociendo que las autoridades tenían razón. La segunda, agrega, es que una eventual valoración positiva en el futuro no resuelve las dificultades políticas que enfrenta una administración en el presente”, explica.

Raúl Elgueta identifica una continuidad en esta estrategia discursiva, especialmente cuando el Gobierno aborda decisiones impopulares, como el aumento de los precios de los combustibles, entre otras.

“Desde el punto de vista de la comunicación política, existe una continuidad en el mensaje, lo que responde a uno de los principios habituales de esta disciplina. Mantener una línea discursiva consistente frente a situaciones críticas. Sin embargo, esa estrategia también tiene límites”, puntualiza.

Fuente: Agencia UNO

Para el académico, insistir en que el tiempo terminará demostrando que una decisión fue correcta puede contribuir a ganar espacio político, pero no necesariamente permite resolver las controversias inmediatas. En definitiva, sostiene que confiar en una futura validación ciudadana supone apostar por un resultado que todavía no puede comprobarse, concluyendo que se trata de “una afirmación de fe”.

DESCOMPRIMIR LA CRISIS 

Durante las tres semanas que lleva la controversia, el Presidente José Antonio Kast ha descartado reiteradamente realizar un nuevo cambio de gabinete, pese a las presiones políticas y los cuestionamientos que apuntan principalmente al ministro de Justicia.

Los especialistas coinciden en que la permanencia de Rabat tiene consecuencias que trascienden la situación individual del abogado y que podrían afectar la capacidad del Ejecutivo para impulsar su agenda programática.

Desde la perspectiva comunicacional, Pablo Matus sostiene que los ajustes ministeriales y cambios de gabinetes pueden contribuir a contener una crisis y abrir espacios para modificar decisiones anteriores.

“No solo introducen otros temas en la agenda, sino que también ofrecen la posibilidad de corregir decisiones anteriores sin que la nueva autoridad deba cargar con toda la responsabilidad política de lo ocurrido. Además, un ministro recién nombrado dispone de mayores márgenes comunicacionales para modificar las decisiones adoptadas por su antecesor”, explica.

Fuente: Agencia UNO

No obstante, Raúl Elgueta advierte que uno de los principales problemas radica en el momento político en que se desarrolla la controversia.

La discusión presupuestaria y las negociaciones legislativas exigen capacidad de coordinación y de alcanzar acuerdos. Sin embargo, las trabas actuales son que "la discusión puede terminar concentrándose exclusivamente en la continuidad del ministro, cuando existen otros asuntos relevantes que requieren atención, como el Presupuesto y las reducciones de recursos en distintas áreas”, afirma.

Para Marcelo Mella, uno de los riesgos más importantes es que el Ejecutivo pierda el control de la agenda legislativa y, con ello, su capacidad de iniciativa política. En su opinión, “mantener abierta la controversia por Rabat podría instalar una percepción de incoherencia gubernamental que termine extendiéndose a otras áreas de gestión. Esto alimentaría un nivel de desconfianza especialmente perjudicial durante el primer año de mandato”, advierte.

Por ello, el académico considera que “el Presidente debería reevaluar los costos políticos de su decisión y adoptar medidas que contribuyan a contener o revertir el deterioro que enfrenta el Ejecutivo”, aconseja.

En este escenario, la eventual acusación constitucional constituye una presión adicional para el Ejecutivo, incluso antes de su presentación formal.

“Creo que la renuncia del ministro puede ser políticamente recomendable, incluso cuando no prospere por la vía de la acusación constitucional, porque me parece evidente que con el ministro Rabat en el gabinete va a tener severas dificultades a nivel legislativo”, concluye y aconseja Mella.