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La Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) informó el término del convenio que desde 2009 mantenía con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, el cual permitía financiar investigaciones sobre el pluralismo en los medios de comunicación. 

La medida consta en un oficio fechado el 31 de julio, firmado por el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y dirigido a la directora de ANID, Alejandra Pizarro. Junto con notificar el término unilateral del convenio, la subsecretaría estableció que no corresponde realizar la convocatoria de 2026 ni adjudicar nuevos proyectos mientras se concreta el cierre del acuerdo. Las investigaciones correspondientes a concursos anteriores deberán continuar con su ejecución y rendición.

Sin embargo, para los investigadores, estas acciones no solo evidencian un sesgo ideológico sobre qué tipo de conocimiento debe promover el Estado, sino que también constituyen una flagrante vulneración a las leyes vigentes, puesto que el artículo 4 de la Ley de Prensa (N.° 19.733) establece explícitamente que la Ley de Presupuestos debe contemplar anualmente recursos para estos estudios, los cuales deben ser administrados mediante concurso público por la ANID (ex Conicyt).

Laureano Checa, presidente de la Asociación Gremial Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), planteó en CNN Chile que “en este minuto no hay mucha claridad respecto a saber si se acabó este convenio y se van a ejecutar igual estudios bajo este fondo o definitivamente se acabó”.

El investigador también aseguró que la participación de ANID no solo administra los recursos, sino que permite someter los proyectos a los criterios y mecanismos de evaluación propios de la agencia: “El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios”. 

Por su parte, Pedro Anguita, profesor de la Universidad de los Andes, cuestionó la medida del Ejecutivo en el programa Línea 1, de Radio Usach. "Este es un fondo mandatado por la ley y no se puede dejar sin efecto por un oficio", enfatizó. 

A su juicio, el fondo que destina anualmente alrededor de 100 millones de pesos, es esencial para analizar la concentración de medios y garantizar el derecho a la información. En ese sentido el profesor argumentó que "la Constitución garantiza la libertad de información sin censura previa".

Mientras que María José Labrador, directora del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada de la UDD; Sebastián Zárate, profesor investigador de la UA; Pedro Anguita, académico de la UAndes; y Claudia Mellado, profesora titular de la PUCV, en una carta publicada en Diario Constitucional, solicitaron que la decisión de Segegob no sea ejecutada y que, de concretarse, la Contraloría General de la República debe pronunciarse sobre la juridicidad de suspender el mecanismo mediante una decisión administrativa.

“El pluralismo informativo no es un beneficio para los investigadores, sino un componente esencial de una política pública democrática”, afirman en el escrito el grupo de académicos.

En más de una década el fondo ha financiado investigaciones principalmente vinculadas a las comunicaciones, aunque también ha incluido trabajos provenientes de áreas como la ciencia política y la economía. Sus materias han evolucionado desde estudios sobre lectoría y circulación de medios impresos hasta investigaciones sobre desinformación, plataformas digitales, propiedad de medios y transformaciones en el consumo de noticias.