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El sistema frontal que afectó recientemente a diez regiones de nuestro país dejó severos estragos viales y a miles de personas incomunicadas. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, además de declarar Zona Afectada por Catástrofe a la Región de Valparaíso.

Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el balance arroja trece personas fallecidas y 3.532 damnificados, concentrados principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía. A esto se suman ciento cincuenta viviendas destruidas y otras 3.750 con daños mayores, evidenciando el devastador impacto del temporal.

Sin embargo, más allá de la emergencia humana y habitacional, el daño a la infraestructura pública sigue siendo uno de los aspectos más críticos. Un informe de CLAPES UC señala que, entre 1990 y 2021, alrededor de 1.200 tramos viales experimentaron cortes debido a eventos hidrometeorológicos, acumulando más de 36 mil kilómetros de caminos afectados.

En esta oportunidad, por ejemplo, el desborde de ríos en la Región de Coquimbo y una serie de derrumbes dañaron puentes y carreteras, interrumpiendo gravemente la conectividad y, con ello, golpeando la cadena productiva.

En este complejo escenario, el debate vuelve a centrarse en la capacidad del país para anticiparse a las crisis climáticas y en la urgencia de rediseñar nuestra planificación urbana para reducir los impactos negativos en la población ante eventos meteorológicos cada vez más extremos.

Para Eduardo Leiva, profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, los efectos negativos que ocurrieron en este sistema frontal se deben a una multiplicidad de factores y no exclusivamente al evento meteorológico extremo de los últimos días.

A su juicio, los impactos del temporal son acumulativos, impulsados de forma particular por las actividades humanas. "Por ejemplo, la planificación urbana no ha ido en línea con los escenarios de cambio climático", afirmó.

Por su parte, Carlos Reiher Núñez, ingeniero civil en Hidráulica, Sanitaria y Ambiental y académico de la Usach, indicó que, a pesar de la magnitud de las lluvias, “hay obras como el drenaje de caminos y alcantarillas, que normativamente se diseñan para eventos mucho menores, por lo que parte de su colapso es previsible, dado que históricamente se han reservado los diseños para eventos extremos solo para puentes, rutas estratégicas e infraestructura mayor”.

No obstante, el también coordinador de Vinculación con el Medio del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles enfatizó que la planificación urbana “debe mirarse a la luz de la forma en que habitamos el territorio; evaluar si realmente estamos construyendo viviendas en zonas de riesgo y si estamos detectando por dónde pasan quebradas, canales o áreas que alguna vez fueron lechos de ríos”.

Planificación y  fragilidad de las obras públicas

Es un hecho que el frente de mal tiempo desnudó la fragilidad de las obras públicas. Esto obliga a revisar cómo se planifican y ocupan los territorios, y qué tan actualizados están los instrumentos de planificación urbana, entre otros parámetros críticos.

Carlos Reiher señaló que el agua caída provocó un impacto severo en los “caudales de ríos, esteros y quebradas, llevando al límite a la infraestructura hídrica con un impacto inmediato en la población”. Por lo tanto, el académico planteó que se debe avanzar con urgencia en la regulación del uso del suelo, la fiscalización para evitar la intervención de cauces naturales y la mejora de las obras para el control de inundaciones.

Igualmente, el especialista de la Universidad de Santiago destacó la relevancia de tener "una concepción acertada sobre el comportamiento del agua y el uso correcto de ciertas obras. Por ejemplo, se suele mencionar a los embalses como una solución frente a las crecidas, pero la regulación que generan es solo una consecuencia indirecta. Su fin principal es el abastecimiento de agua, el riego y otros usos de consumo”.

En esa línea, Eduardo Leiva señaló que es el momento de “actualizar de raíz nuestra planificación”. Para ello, es primordial “actualizar la normativa de los mapas de inundación; imperativo identificar con precisión técnica las zonas vulnerables para restringir de forma estricta las construcciones en esos sectores. Esto no es solamente lógico, es una necesidad vital”.

Para el profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica, el “problema de fondo” radica que la actual infraestructura fue calculada con información que no está vigente.

El académimco explicó que, por ejemplo, el paso nivel que está en Gran Avenida con Departamental generalmente colapsa con cada lluvia. "Esta infraestructura fue construida alrededor de 1940 y si bien ha recibido mantención  y mejoras a lo largo del tiempo, las condiciones de su entorno cambiaron drásticamente".

Agregó que "entonces, ante la pregunta obligada de por qué se inunda este paso bajo nivel y si realmente estuvo mal diseñado, la respuesta es contundente: no es un error de diseño, es un problema de desfase temporal". 

Ante la pregunta de posibles soluciones para esta problemática, el académico de la PUC enfatizó que es urgente “transitar hacia una estrategia urbana proactiva. Necesitamos una planificación que no mire por el espejo retrovisor, sino que anticipe los escenarios climáticos futuros. Esto implica integrar de forma obligatoria los nuevos regímenes hidrológicos y adoptar Soluciones Basadas en la Naturaleza -acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas- para el drenaje urbano".

En ese sentido, complementó que existen herramientas como los pavimentos drenantes, las zanjas de infiltración y la infraestructura verde que sirven como amortiguadores ante catástrofes.

“Multiplicando estos factores de resiliencia, lograremos mitigar el impacto de los eventos extremos, evitando que se traduzcan en catástrofes económicas devastadoras y, por sobre todo, protegiendo la vida de las personas", remarcó.