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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) solicitó formalmente al Congreso chileno rechazar la reforma constitucional de seguridad presentada por el Ejecutivo, advirtiendo que la ampliación de atribuciones presidenciales vulnera garantías fundamentales y debilita el marco institucional chileno. 

La vocera del HRW enfatizó los riesgos que implicaría la acumulación de facultades en el Ejecutivo, advirtiendo que “Se trata de una peligrosa usurpación de poder que pone en riesgo los derechos de todos los chilenos”.

Esta advertencia de Human Rights Watch surge a propósito del debate legislativo generado por la propuesta, ingresada por el Gobierno al Senado el pasado 18 de agosto. Dicha iniciativa contempla ocho modificaciones constitucionales bajo el objetivo de combatir al crimen organizado.

Uno de los puntos críticos señalados es que la medida podría extenderse de forma continua hasta por 240 días, operando durante todo ese periodo sin la obligación de solicitar la aprobación del Congreso Nacional.

Bajo este marco, el Mandatario quedaría facultado de manera directa para “suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión”.

Asimismo, las atribuciones del proyecto contemplan la potestad de “restringir el ejercicio del derecho de asociación; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer [de] requisiciones de bienes”.

Desde la perspectiva de Human Rights Watch, el alcance de estas atribuciones no sólo genera reparos a nivel interno, sino que contraviene directamente los compromisos internacionales suscritos por Chile. 

La entidad advirtió que el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autoriza suspender garantías fundamentales únicamente frente a “situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”, exigiendo que cualquier medida restrictiva se limite estrictamente a lo necesario para contener la crisis.

En esa misma línea, el organismo apeló al artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que solo admite restricciones extraordinarias ante conflictos bélicos, peligro público o contingencias que pongan en riesgo la estabilidad del Estado, siempre bajo criterios de estricta proporcionalidad e idoneidad.

Bajo estos estándares globales, la organización concluyó que la propuesta impulsada por La Moneda incumple las normativas vigentes, remarcando que “las reformas propuestas, con su amplia concesión de facultades para suspender o restringir los derechos humanos fundamentales, no se ajustan ni intentan ajustarse a las obligaciones internacionales de Chile”.

“Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado.

Además, la representante de la organización abordó la concentración de atribuciones que, a su juicio, provocaría el proyecto: “Se trata de una peligrosa usurpación de poder que pone en riesgo los derechos de todos los chilenos”.