El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó esta jornada que el Gobierno ha otorgado 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores desde el inicio de mandato el 11 de marzo.
La noticia, que fue revelada por el medio Interferencia, generó críticas y cuestionamientos de diversos parlamentarios. Mientras el diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó la situación como “extremadamente grave”, mientras que la parlamentearia Lorena Fries (FA) cuestionó la reducción de condenas.
Ante este escenario, diputados del Partido Comunista (PC) anunciaron que buscarán las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se revelara que, durante la administración del Presidente José Antonio Kast, se han otorgado 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.
“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación”, afirmó el diputado comunista Marcos Barraza.
Agregó que "se ponen del lado de los agresores y no de las víctimas, este decreto lleva la forma del Presidente de la República, es él quien debe dar explicaciones",
El parlamentario adelantó que buscarán el apoyo de otros sectores de la oposición para concretar la interpelación.
PROYECTO DE LEY
Ante esta situación, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, anunció la presentación de un proyecto de ley para poner fin a las discrepancias en la interpretación de la Ley 21.421, que prohíbe la entrega de beneficios de reducción de condena a quienes hayan sido condenados por delitos de carácter sexual cometidos contra personas menores de edad.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para dejar en claro que la rebaja de penas no aplica a estos delitos sexuales contra menores. Yo estoy de acuerdo con ser humanitario, estoy de acuerdo con comprender los derechos de las personas privadas de libertad, pero separemos la paja del trigo”, señaló Schneider.
“Evidentemente, hay delitos cuyas características hacen que las circunstancias sean distintas, como los delitos sexuales contra menores o aquellos que implican violaciones de los derechos humanos. Proteger a la humanidad es marcar el punto de que estos delitos son especialmente inaceptables”, comentó.
POLÉMICA REBAJA DE CONDENA
El medio Interferencia, que contabilizó las rebajas hasta el 13 de septiembre, reveló que de los decretos que dictó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 27 son por abuso sexual de menores y 29 por violación. En promedio, el ministerio firmó uno cada tres días, sin vía judicial de por medio, y solo rechazó una solicitud.
Además, el medio reveló que ninguna disminución respondió a un recurso de amparo u otra vía judicial. Todas fueron ingresadas al Ministerio, que las acogió.
Cabe señalar que la rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856 y su calificación se realiza una vez al año. Gendarmería elabora el listado de internos que cumplen los requisitos y los remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que resuelva. Para el Ministerio, si se cumplen los requerimientos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja.
RESPUESTA DEL MINISTRO
Al ser consultado al respecto, el ministro Rabat explicó que "lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo".
"Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos", sostuvo el titular de Justicia y Derechos Humanos.
Cuestionado sobre si esta decisión ministerial facilita el trabajo de los defensores sabiendo que no respondieron a recursos judiciales, Rabat repitió que el criterio "ya lo estableció la Corte Suprema por la vía de recursos de amparo".
Respecto de por qué estas decisiones no se habían informado al país, respondió: “Pero cómo se va a informar al país si los actos administrativos son todos públicos”.
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