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La diputada Ximena Ossandón, junto al patrocinio de los parlamentarios Carlos Chandía, Claudia Mora, Andrés Celis, Eduardo Durán y Mario Olavarría, ingresó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar y sancionar la manipulación artificial de la opinión pública mediante el uso coordinado de granjas de cuentas, bots y redes digitales.

El núcleo de esta propuesta de ley apunta a castigar a quien organice, adquiera, contrate, financie, opere o administre, de manera deliberada y encubierta, una red de cuentas ficticias o automatizadas destinada a simular falsamente adhesión o rechazo hacia candidaturas, partidos políticos, autoridades u opciones plebiscitarias. 

La moción busca frenar el impacto de organizaciones que lucran vendiendo estos servicios, así como a los actores que los financian para distorsionar la percepción ciudadana al presentar operaciones planificadas como si fueran manifestaciones espontáneas de la sociedad, principalmente desplegadas en redes sociales.

Para abordar estas conductas, la moción plantea incorporar el artículo 137 bis al Código Penal, fijando una pena base de presidio menor en su grado medio (541 días a tres años de cárcel) y multas de 20 a 100 UTM. 

El texto define formalmente a estas redes como agrupaciones coordinadas que generan, reproducen o amplifican interacciones no humanas para desinformar, dejando en claro que el foco del delito recae en la operación organizada de engaño y no en el mero uso individual o técnico de herramientas tecnológicas.

Asimismo, el proyecto contempla una agravante especial en caso de que estas operaciones se ejecuten dentro de los 90 días previos a una elección o plebiscito.

Durante este período crítico de campaña, en el que se forma la voluntad electoral de la ciudadanía, la pena correspondiente se aplicará en su grado máximo o en su máximum con la finalidad de desincentivar maniobras destinadas a favorecer o perjudicar candidaturas de manera ilícita.