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El proyecto de reforma constitucional, ingresado por el Presidente José Antonio Kast para enfrentar el crimen organizado, abrió un complejo escenario político en el Congreso y críticas transversales de los distintos partidos políticos. 

La iniciativa contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública que permitiría suspender garantías fundamentales, como la privacidad de las comunicaciones y el libre tránsito, hasta por 240 días sin autorización parlamentaria previa, junto con imponer inhabilidades de 15 años para acceder a beneficios sociales a los condenados.

La propuesta generó inmediatas advertencias en todos los sectores políticos, registrando tensiones incluso en el propio oficialismo y fuerzas no alineadas.

Incluso el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, encabezó las críticas al advertir que la medida establece restricciones extremadamente invasivas sobre derechos protegidos por la Constitución y otorga un poder desmedido al Ejecutivo durante ocho meses sin contrapeso legislativo, adelantando que buscarán acotarla o rechazarla.

"Los nacional-libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos", indicó.

Los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los…

— Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) August 18, 2026

Una postura más abierta a la negociación adoptó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien, pese a respaldar el contenido general de la propuesta, admitió en el programa Desde la Redacción de La Tercera la existencia de reparos dentro de las propias filas de la coalición de gobierno. 

Ante este complejo escenario legislativo, el dirigente gremialista reconoció que “vamos a tener que entrar en un diálogo” con miras a destrabar el debate en el Congreso. En esa línea, remarcó la disposición de su bancada para alcanzar los votos requeridos, señalando que “vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”.

UNA AGENDA PUNITIVA

El tema también lo abordó el alcalde de Maipú, Tomas Vodanovic, quien alertó de los peligros que puede generar el avance de esta propuesta del Gobierno de Kast.

“Con el avance de esta agenda punitiva, lo que está en peligro es la democracia liberal tal y como la conocíamos”, señaló el edil durante el conversatorio “¿Qué significa la mega reforma para tu comuna?”, realizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile y donde también participó la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

Vodanovic comentó que la iniciativa es una mala señal e incluso recordó que cuenta con el rechazo de Kaiser. El edil también realizó una reflexión sobre el rol que ha tenido la izquierda ante el avance de programas más punitivos y cómo no ha sido capaz de leer lo que quiere la ciudadanía.

“Una de las razones por las que perdimos las elecciones anteriores fue nuestra incapacidad para darle una respuesta contundente a la ciudadanía frente a las necesidades que tenían en cuanto a seguridad”, reflexionó el alcalde de Maipú.

Vodanovic también abordó la reforma constitucional en seguridad y cómo los liderazgos enfocados en lo punitivo generar que la ciudadanía busque líderes más populistas.

"Está en riesgo no solo por el liderazgo particular de este gobierno, sino por una cuestión global: el rol de las grandes tecnologías, de las redes sociales, de los algoritmos, de la capacidad de manejar y manipular la conversación pública, de destruir a tu adversario, el nivel de hastío que tiene la gente con las instituciones, con los procedimientos y con las excusas que pone la política para no generar cambios sustantivos en la vida de la gente, y a lo que puede llevar eso en la ciudadanía: a optar por liderazgos sumamente demagogos o populistas", advirtió.

LOS EFECTOS DE LA MEGARREFORMA

Durante el conversatorio, los jefes comunales se refirieron a los efectos que la denominada megarreforma tendría en sus comunas. Desde la perspectiva de los ingresos generales, Javiera Reyes apuntó contra la reducción del impuesto a las empresas, sosteniendo que una menor recaudación fiscal debilita la capacidad de gasto del Estado en áreas prioritarias.

“Sin que exista evidencia concluyente de que este tipo de rebajas tributarias se traduzca de forma automática en reactivación o mejoras en la economía real de la ciudadanía”, acotó la edil.

Por su parte, Vodanovic centró sus reparos en el impacto que sufrirá el Fondo Común Municipal (FCM), a raíz del diseño aplicado a las contribuciones territoriales. 

El jefe comunal recordó que actualmente cerca del “80% de las viviendas del país está exenta de este gravamen y que apenas el 4% de mayores ingresos paga la totalidad del tributo”. 

Ante la exención a personas mayores, los alcaldes habían propuesto fijar un tope de ingresos de hasta tres millones de pesos y avalúos de vivienda de hasta 350 millones para focalizar el beneficio en la clase media vulnerable. Pese a que esta fórmula contó con el respaldo transversal de los jefes comunales, la propuesta fue desestimada por el gobierno.

Para finalizar, el alcalde de Maipú señaló que “el Estado debería corregir y no exacerbar, con medidas regresivas, las desigualdades sociales para generar una ciudad con paisajes urbanos menos desiguales”.