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En Chile se han identificado 1.132 lugares utilizados como centros de detención, tortura y exterminio durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet Ugarte. Sin embargo, solo 72 cuentan con reconocimiento oficial como sitios de memoria y 33 son administrados por organizaciones de derechos humanos. De estos últimos, apenas cinco reciben financiamiento permanente del Estado.

Actualmente no existe un sistema de financiamiento estatal permanente que garantice el funcionamiento de estos espacios, por lo que gran parte de las organizaciones dependen de fondos públicos concursables. Entre estos mecanismos se encuentran los de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

El escenario se volvió más complejo durante este año. Según antecedentes recopilados por las organizaciones, los recursos destinados al Programa Sitios de Memoria del Serpat sufrieron una reducción superior al 50%. Finalmente, solo ocho espacios accedieron a financiamiento, mientras otros veinte deben sostener buena parte de su funcionamiento mediante autogestión, donaciones, entre otras acciones.

Entre los afectados por el reajuste fiscal, está el Sitio de Memoria Campo de Prisioneros y Prisioneras Políticas Tres y Cuatro Álamos, ubicado en la comuna de San Joaquín. 

Durante 2025 y parte de 2026 lograron sostener algunas actividades mediante un fondo concursable del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero esos recursos se encuentran prácticamente agotados. “Desde el 1 de agosto estamos manteniendo el sitio de memoria principalmente mediante voluntariado y un pequeño aporte municipal”, explica a Diario Usach Leonel Sánchez Jorquera, vocero de la Corporación.

El caso de Casa Memoria José Domingo Cañas es más crítico. “Llevamos todo el año funcionando sin sueldos. Tenemos un fondo mínimo que permite pagar parcialmente algunas cuentas básicas, pero el fondo con el que se financiaban las remuneraciones este año no lo tenemos”, detalla Marta Cisterna Flores, directora ejecutiva del espacio, a Diario Usach.

A la falta de recursos, se agregan observaciones administrativas a proyectos ejecutados y rendidos durante 2025. “Nos están haciendo observaciones a proyectos ya ejecutados y rendidos. Son mínimas. Una palabra que faltó en una factura, pero pensamos que son medidas administrativas tendientes a ahogarnos”, asegura Cisterna.

Pero no es la única problemática que enfrentan por estos días. El vencimiento del comodato del inmueble se ha transformado en un dolor de cabeza para  la organización. “Hicimos el trámite (en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo) con mucha anticipación para no tener este problema. Supuestamente el documento estaba para firma, pero ahora ni siquiera nos están respondiendo los correos (...) y la excusa es que hay demoras de tipo administrativas”, acusa la directora.

RECURSOS BASALES PARA FUNCIONAR

En Chile no existe una legislación específica para los sitios de memoria. Su protección se realiza principalmente mediante la Ley de Monumentos Nacionales, una normativa destinada a resguardar el patrimonio y que permite reconocer determinados inmuebles como Monumentos Históricos, pero que no garantiza los recursos necesarios para desarrollar los proyectos de organizaciones que funcionan en ellos.

Para Sánchez, un sitio de memoria no puede reducirse al inmueble que ocupa. Estos espacios desarrollan labores de educación, investigación, conservación de archivos, promoción de los derechos humanos, entre otras actividades, tareas que requieren equipos profesionales y recursos permanentes.

Fuente: San Joaquín - 3 y 4 Álamos 

Sin embargo, buena parte del financiamiento se distribuye mediante concursos. Esto genera una paradoja. “Los fondos concursables, por su propia naturaleza, implican competir. Nosotros terminamos compitiendo con otros sitios de memoria”, explica Sánchez. 

Por ello, plantea necesario establecer “un financiamiento basal que permita sostener el funcionamiento mínimo de estos espacios”, independiente de los recursos obtenidos a través de concursos públicos.

Para el director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Dr. Rafael Chavarría Contreras, la falta de recursos impide desarrollar adecuadamente las iniciativas vinculadas a la preservación de la memoria y, al mismo tiempo, limita el papel que debe cumplir el Estado en la promoción de los derechos humanos.

“Si las políticas que emanan del Estado, en este caso las relativas al mundo de la memoria, no se pueden llevar a cabo, el rol público que implica la promoción de los derechos humanos no se está cumpliendo”, explica.

Para el académico Usach, detrás de la falta de recursos existe un problema estructural: la inexistencia de una política específica que regule integralmente el funcionamiento y financiamiento de los sitios de memoria. “En Chile no existe una política de sitios de memoria. Por eso, el mundo de estos espacios es precario y está permanentemente en una cuerda floja”, afirma.

Esta situación podría cambiar con el proyecto de ley correspondiente al Boletín N° 17.852-17, que actualmente está en tramitación en el Senado. La iniciativa busca abordar las fuentes y modalidades de financiamiento para los sitios de memoria, y  que la responsabilidad de su financiamiento se traslade desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la Subsecretaría de Derechos Humanos, con recursos provenientes de la Ley de Presupuestos.

SITIOS DE MEMORIA Y DEMOCRACIA

Las organizaciones advierten que las consecuencias de esta precarización van más allá de mantener abierto o cerrado un inmueble. Los sitios conservan archivos, fotografías, testimonios y evidencias materiales vinculadas a las violaciones a los derechos humanos, pero además desarrollan actividades educativas y de formación ciudadana.

Marta Cisterna dice que los sitios de memoria deben existir “como evidencia material de los crímenes que cometió el Estado” y apoyar en “la  búsqueda de verdad y justicia”.

Por su parte, la directora de Londres 38, espacios de memorias, Erika Hennings Cepeda, plantea a Diario Usach que reducir estos espacios a la conservación de la obra arquitéctonica da cuenta del desconocimiento de la intención social que existe atrás de su quehacer.

“No es solo un edificio, no es solo una casa, no es solo un lugar. Es un proyecto que trae desde el pasado las experiencias de lucha y también las experiencias represivas, y las pone en diálogo con el presente”, asegura.

Para Hennings, allí radica precisamente su relación con la democracia. Estos espacios permiten vincular las experiencias históricas de represión con discusiones contemporáneas sobre derechos sociales, feminismo, diversidad y medio ambiente. “Los sitios de memoria hacen un aporte a la democracia porque permiten poner las luchas y también la represión del pasado en diálogo con las luchas del presente”, remarca.

foto: Casa memoria José Domingo Caña

Rafael Chavarría coincide en que su debilitamiento afecta a la sociedad en su conjunto, particularmente porque limita la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de comprender críticamente su historia.

“La memoria es uno de los elementos claves para la construcción de la identidad nacional. Si no tenemos memoria, sobre todo de nuestra historia reciente, terminamos teniendo una ciudadanía empobrecida en su capacidad de constituirse como sujetos críticos”, remarca el académico.

EL DERECHO A SABER EN LAS NUEVAS GENERACIONES

Precisamente una de las dimensiones que las organizaciones consideran más amenazadas es el trabajo con niños, estudiantes y jóvenes. Leonel Sánchez relata que la experiencia de  Tres y Cuatro Álamos contradice la idea de que las nuevas generaciones tienen poco interés por los derechos humanos y la historia reciente. El sitio mantiene vínculos con universidades, recibe estudiantes en práctica y desarrolla visitas y proyectos en conjunto con jóvenes.

Por su parte, en Londres 38 trabajan con niños, niñas y jóvenes mediante metodologías participativas adaptadas a distintas edades, con el objetivo de evitar la idea de que la memoria es una experiencia perteneciente exclusivamente a quienes vivieron la dictadura. Por ello, sostiene Hennings, las metodologías deben evolucionar junto con las generaciones que se acercan a estos espacios. “Tenemos que seguir adaptando estas memorias, no su contenido, sino cómo las transmitimos y quiénes las transmitimos”, refuerza la educadora.

En esa dirección, Marta Cisterna añade que el problema también debe abordarse desde la perspectiva del derecho a la verdad. “Se le está negando a las nuevas generaciones el derecho a saber lo que pasó. Se está intentando instalar una nueva versión de nuestra historia”, precisa y alerta.

Para Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, esa transmisión tampoco debe construirse únicamente desde el sufrimiento de las víctimas. Por este motivo, las nuevas generaciones, asegura, necesitan conocer quiénes fueron esas personas y comprender la memoria desde sus historias de vida, proyectos e ideales de las personas que sufrieron del terrorismo de Estado. “Nosotros no solamente hablamos del dolor. Hablamos de la vida de nuestros familiares, pero también de la alegría de seguir adelante”, indica a Diario Usach.

Fuente: Ministerio de las Culturas

2027: "NO SABEMOS LO QUE VA A PASAR"

Aunque la reducción presupuestaria no ha afectado de igual manera a todos los espacios de memoria, aquellos que cuentan actualmente con recursos observan con preocupación la llegada de 2027.

Londres 38 forma parte de los sitios incorporados directamente en la glosa presupuestaria y que no sufrieron con los recortes ejecutados por el actual gobierno. Sin embargo, Erika Hennings aclara que durante este año enfrentaron retrasos en la entrega de los recursos y que todavía no existen certezas respecto del próximo ejercicio presupuestario. “Por ahora no tenemos recortes, pero no sabemos qué va a pasar con el presupuesto 2027. Es muy incierto”, afirma.

La incertidumbre es compartida por Leonel Sanchez. Con los recursos prácticamente agotados, la Corporación 3 y 4 Álamos espera conocer cómo se configurará el próximo ejercicio fiscal y qué ocurrirá con los mecanismos de financiamiento, no obstante resalta en que “seguimos hablando de fondos concursables que permiten financiar determinados aspectos del funcionamiento de los sitios de memoria, pero que no solucionan el problema de fondo”. 

Frente a este escenario, las organizaciones han recurrido a distintas estrategias para continuar funcionando. Tres y Cuatro Álamos mantiene visitas guiadas gracias a una red de voluntarios y voluntarias y desarrolla iniciativas de autogestión.

"Ese es uno de los aspectos fundamentales del rol formativo que cumplimos y es algo que vamos a continuar haciendo, contra viento y marea”, indica Sánchez. Además, participan en la Red Nacional de Sitios de Memoria y siguen atentos la discusión legislativa en el Senado del Proyecto de Ley de Sitios de Memoria.

Por su parte, en Casa Memoria José Domingo Cañas se está desarrollando una campaña de donaciones, buscando aportantes permanentes y postulando a proyectos internacionales. También ha recurrido a estudiantes en práctica y pasantes para sostener parte de sus actividades. “Estamos resistiendo porque nos negamos a cerrar un espacio de memoria que demoramos 15 años en recuperar y que lleva 16 años abierto”, comenta Cisterna.

Una oposición que, para la defensora de la memoria, también encuentra sentido en la propia experiencia histórica que estos espacios buscan preservar: “Ojalá que no nos gane el miedo y la desesperanza. Tenemos que activar nuestros procesos de memoria y recordar que, incluso en años muy difíciles, logramos agruparnos, resistir y organizarnos a pesar de la represión”, reflexiona.

Fuente: Casa memoria José Domingo Caña 

Finalmente, la directora de Casa Memoria José Domingo Cañas,  remarca y concluye que los sitios de memoria deben, “impedir de todas las formas posibles que este retroceso (en esta materia con el actual gobierno) avance, porque las conquistas en materia de derechos humanos tenemos que defenderlas”.