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Un total de 42 indicaciones se presentaron al proyecto que reforma la Ley Antiterrorista las que comenzarán a ser estudiadas este martes 30 de abril en la Comisión de Constitución del Senado. También abordará el proyecto que aumenta el plazo máximo para las hipótesis de flagrancia.

Debido al asesinato de los tres carabineros este fin de semana en Cañete, la mesa del Senado y los comités parlamentarios acordaron pedir a las comisiones de Constitución, de Seguridad Pública y de Defensa que sesionen esta semana regional para ver iniciativas puntuales.

En ese contexto, la Comisión de Constitución se convocó para este martes a partir de las 9.30 horas en la sede del Congreso en Santiago para iniciar el estudio en particular de la reforma a la denominada Ley Antiterrorista y ver modificaciones en materia de flagrancia. Si logra despachar las iniciativas a Sala, se citaría a sesión especial este jueves 2 de mayo entre las 16.00 y 19.00 horas.

Indicaciones

La iniciativa que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley 18.314 (más conocida como Ley Antiterrorista) fue discutida inicialmente por la Comisión de Seguridad Pública y luego aprobada en general por la Sala el pasado 5 de marzo, oportunidad en la que se fijó como plazo para presentar indicaciones el 28 de marzo.

En total fueron 42 las indicaciones que presentaron los senadores José García Ruminot, Carmen Gloria Aravena, Fidel Espinoza, Manuel José Ossandón, Ximena Rincón, Matías Walker, Claudia Pascual, Daniel Núñez y Alfonso De Urresti.

Entre las propuestas de modificaciones, se plantean aumentar penas para quienes recluten a menores para cometer ilícitos de corte terrorista, se añaden definiciones nuevas para lo que se considerará asociación terrorista y se propone que no se apliquen penas sustitutivas a las privativas de libertad en estos casos.

Asimismo, también se plantea que la asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como asociación terrorista.

Otra indicación propone que el fiscal pueda disponer que determinadas actuaciones sean mantenidas en secreto cuando existe riesgo para la vida de los testigos protegidos.

Se plantea además un artículo nuevo en que se regula el tratamiento especial a víctimas y testigos, así como normas de reparación a las víctimas.

El proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la norma vigente en esa materia (que data desde 1984) es el resultado de la fusión de 4 mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo presentado el año pasado.