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Este lunes, los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, dieron a conocer el “Acuerdo por Chile”, la instancia que determinó las funciones y el cronograma que tendrá el órgano constituyente, llamado Consejo Constitucional, y que está encargado de redactar la nueva propuesta de Carta Magna.

El acuerdo, suscrito por los partidos políticos con representación parlamentaria, estableció que la instancia estará conformada por 50 personas elegidas por votación popular directa (de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, a través de sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas integradas por partidos, o pactos de partidos, y donde se podrá incluir a independientes).

En este mismo sentido, se indicó que no podrán ser parte del Consejo personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular.

Además, la instancia contará con la participación de 24 expertos designados que deberán contar con una “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”. Su composición será paritaria, deberán representación de las distintas fuerzas políticas y tendrán que ser aprobados por 4/7 de los miembros de las respectivas cámaras. 12 serán elegidos por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado.

Su labor estará abocada a la discusión y aprobación de la propuesta de la nueva Carta Magna y se disolverá “una vez cumplida la tarea encomendada”.

Las normas propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de los consejeros en ejercicio sometiéndose la propuesta final a una aprobación del consejo por el mismo quórum.

En lo que respecta a los plazos, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, indicaron que se contempla la Comisión Experta en enero de 2023.

La elección de consejeros y consejeras constitucionales se realizará en abril del mismo años, con voto de carácter obligatorio.

Tras eso, la instalación del Consejo Constitucional se fijó para el 21 de mayo y la entrega de la nueva propuesta de Carta Magna se estableció para el 21 de octubre. 

El proceso culminará con un plebiscito ratificatorio (con fecha inicial para el domingo 26 de noviembre). En este evento electoral, que considera voto obligatorio, las chilenas y chilenos podrán aprobar el texto elaborado por el Consejo Constitucional.