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La polémica por las rebajas de condenas concedidas vía administrativa por el Ministerio de Justicia a un grupo de condenados por abuso sexual sumó nuevos antecedentes luego de que una investigación de El Mostrador revelara que entre los beneficiados también figuran dos condenados recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, por delitos de tortura y secuestro calificado.

El recinto alberga a exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Según el medio, ambos casos forman parte de tres decretos exentos adicionales a los 56 beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La investigación de El Mostrador identificó un tercer caso vinculado a un delito de extrema gravedad, correspondiente a una persona que no estaría recluida en Punta Peuco.

Los antecedentes amplían el alcance de la controversia que enfrenta al Ministerio de Justicia, luego de que una investigación de Interferencia diera a conocer que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 27 decretos de reducción de penas por abuso sexual contra menores y otros 29 por violación. En total, se registraron 56 rebajas, con solo una solicitud rechazada entre las examinadas.

El caso provocó cuestionamientos políticos y abrió la posibilidad de una interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat, además de la realización de sesiones especiales en el Congreso para abordar las decisiones de la cartera.

En declaraciones a El Mostrador, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, advirtió sobre la gravedad que podrían revestir estas decisiones.

“Si efectivamente se rebaja la pena no solo en caso por personas condenados por delitos sexuales, sino también en caso de criminales de lesa humanidad, sería bastante grave por parte de este Gobierno porque vulneraría las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Estado de Chile en materia de justicia respecto a este tipo de crímenes”, señaló.

La controversia se suma a los cuestionamientos por las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez, a través de su titular, Anuar Quesille, calificó los antecedentes como preocupantes y solicitó una explicación clara al Ministerio de Justicia, enfatizando el deber de protección y reparación que tiene el Estado frente a las víctimas.