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Los partidos representantes de los conglomerados oficialistas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático dieron a conocer los detalles de los puntos que forman parte del acuerdo logrado en la noche del miércoles que compromete reformas al texto de la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En un acto realizado en la biblioteca del ex Congreso Nacional, el actor Alejandro Goic fue el encargado de leer el documento que aborda los puntos acordados.

“Las fuerzas políticas firmantes, en la búsqueda de colaborar y lograr una nueva Constitución para Chile, suscribimos el presente acuerdo con el fin de contribuir a que las chilenas y chilenos, en el marco del Plebiscito que celebraremos el día 4 de septiembre de 2022, tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, comenzó diciendo el actor.

LOS PUNTOS DEL ACUERDO

En materia de plurinacionalidad, el documento leído por Goic señala que “valoramos este avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, en su identidad, lengua, cultura, tradiciones, historia y representación, postergados durante siglos”. Pero que se desea aclarar temas, “respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile, desde que fuera ratificado el año 2008”. 

“Sobre la Consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”, explicó el actor.

Además, “las autonomías territoriales contempladas en la Constitución se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.

Respecto a los sistemas de justicia indígena, “reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.

Sobre el tema de las pensiones, el actor indicó que “nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.

En materia de propiedad de las viviendas, “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

“El Sistema Nacional de Salud permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”. 

Respecto al tema de la educación como derecho social y su implementación legislativa, “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

 SEGURIDAD, SISTEMA POLÍTICO Y PODER JUDICIAL

 El documento añade que, en relación con los Estados de Excepción, “proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.

Sobre el sistema político, destacó que “dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

“Las iniciativas de gasto fiscal, respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

Goic subrayó que “acordamos que para una mejor administración del Poder ejecutivo y los propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En materia del Poder Judicial, se resaltó que su independencia reconocida en el texto de la nueva Carta Magna, “es un principio fundamental para el Estado de Derecho, que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial’. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

“Considerando la importancia de los Derechos Fundamentales, nos comprometemos a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”, agregó.

Goic hizo un llamado a la ciudadanía a leer la propuesta de Carta Fundamental y conocer estos acuerdos para poder votar informados en el plebiscito.

“El próximo 4 de septiembre es el día en que Chile se pronunciará libre y democráticamente en las urnas. Estamos convencidos y convencidas de que Chile decidirá aprobar la nueva Constitución y continuar en la senda de progreso que nos hemos trazado. Será ese el momento a partir del cual avanzaremos, unidos y unidas, para hacer de nuestra Patria un lugar más fraterno y con igualdad de oportunidades. Tenemos la certeza de que esta Constitución es el inicio de un nuevo y esperanzador futuro y el punto de partida para construir el Chile que soñamos”, finaliza el documento.