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 Un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU cifró en 10.000 los civiles muertos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La violencia de los combates en los últimos meses provocó que, entre febrero y julio de este año, hubiese un promedio de seis muertos y 20 heridos cada día.

"La guerra ha causado estragos en las vidas de millones de ucranianos, incluidos niños que tendrán que vivir durante muchos años con un horrible legado de pérdidas humanas, destrucción física y daños medioambientales, en particular la contaminación por restos de explosivos de guerra", declaró Danielle Bell, responsable de la misión.

En ese sentido, la ONU aseguró que la guerra llevó a millones de ucranianos a caer por debajo del umbral de la pobreza, situación que empeoró por los ataques rusos contra infraestructura agrícola o por la destrucción de la presa de Kajovka en el mes de junio, que provocó grandes inundaciones y un desastre ambiental que "tendrá efectos adversos a largo plazo en los derechos y el bienestar de las personas que viven en la zona".

Los observadores de la misión han seguido notificando ataques de misiles rusos contra civiles y contra instalaciones agrícolas, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

La misión, aunque ha indicado avances en algunas cuestiones en territorios controlados por Ucrania, ha señalado el "continuo procesamiento de miles de individuos" acusados de colaborar con los rusos en zonas previamente ocupadas.

Los reclusos, a parte de sufrir "brutales palizas, electrocuciones, simulacros de ejecuciones, violencia sexual y tratos degradantes", también se enfrentan a condiciones de arresto "espantosas" por falta de alimentos y de servicios médicos, por hacinamiento y falta de acceso al mundo exterior.

Además, el organismo comparó la negativa de Rusia a permitir acceso a observadores de Derechos Humanos de la ONU con el "acceso irrestricto" que conceden las autoridades ucranianas a sus cárceles y campos de prisioneros.

En el informe también se señala la opacidad sobre los niños ucranianos trasladados a otras zonas ocupadas o deportados a Rusia, como el caso de algunos niños que, con el supuesto consentimiento de sus padres, habrían sido enviados a un campamento de verano pero que aún no han sido devueltos.

De hecho, los observadores han destacado que Rusia aún no ha identificado ni devuelto a estos niños.

Por otra parte, también se documentó presiones a los ciudadanos de territorios ocupados a aceptar la nacionalidad rusa y para reclutar a algunos hombres al Ejército.