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Los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, se reunieron con el presidente del CDE, Raúl Letelier, para pedirle que se una a la querella por fraude al fisco que presentaron contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por el montó excesivo que el municipio intentó pagar por la ex-Clínica Sierra Bella.

Cabe señalar que la adquisición del inmueble no prosperó después de que un informe de Contraloría advirtiese un sobreprecio en los más de $8.200 millones que la casa edilicia estaba ofreciendo.

Irarázaval y Kaiser ingresaron una acción judicial apuntando a que la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición, acusando que habían más opciones, como un edificio de Inversiones Las Malvas avaluado en $3.000 millones. 

La presentación dio pie a una indagatoria, donde Fiscalía ha incautado un computador y un teléfono celular de la alcaldesa. En tanto, la municipalidad se querelló por estafa en contra de tres tasadores.

Después del encuentro con el CDE, Irarrázaval emplazó al organismo a "que demuestre un interés por defender el patrimonio municipal y asuma un rol clave para esclarecer las responsabilidades penales de quienes estuvieron involucrados en este delito".

"Es necesario que este organismo asuma la defensa del municipio de Santiago, ya que es inviable que la persecución del delito quede en manos de la alcaldesa Hassler, quien intervino y lideró este fraude”, agregó.

El parlamentario subrayó que “organismos como el Conservador de Bienes Raíces, la Contraloría, la Fiscalía y la misma justicia han hecho lo imposible por detener el fraude, y sólo falta el CDE que se haga parte de este proceso”.

“Aquí existió una operación que apuntaba a defraudar al fisco a costa de la salud y bienestar de los vecinos de la comuna, y es repudiable que la alcaldesa insista en desligarse de su responsabilidad política cuando ella mismo dirigió y amparó esta corrupta compra. Durante todo este tiempo sólo se ha dedicado a entorpecer las diligencias para que no se encuentren a los responsables”, complementó.

Por su parte, Kaiser recalcó que "aquí se está hablando de montos no menores de recursos públicos que están en peligro de ser dilapidados o de ser fraudulentamente traspasados a un tercero”.

Acusó que los tasadores "no tienen nada que ganar entregando una tasación ideológicamente falsa. ¿Quién tiene algo que ganar con una tasación ideológicamente falsa?, esa es la pregunta que tienen que responder los tribunales".