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Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que esperan expulsar a todo el personal transgénero del Ejército en un plazo de 30 días, a excepción de aquellos que reciban un permiso en el marco de la nueva política del Pentágono, que se ceñirá al "interés gubernamental".

El propio Departamento de Defensa estadounidense ha indicado en un memorando que "todos los miembros del servicio militar que hayan sido diagnosticados o presenten síntomas de disforia de género serán retirados del servicio", según el documento al que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN.

"Los casos se analizarán uno a uno de cara a posibles exenciones siempre y cuando se cumplan los nuevos requisitos establecidos por el Gobierno", recoge el texto, que establece que el Departamento de Defensa "solo reconoce dos sexos: masculino y femenino".

"El sexo del individuo es inmutable y no cambia a lo largo de su vida. Todos los miembros del Ejército servirán de acuerdo a su sexo", ha puntualizado la Administración del presidente, Donald Trump, que firmó en enero una orden ejecutiva para que el Pentágono pudiera introducir estas medidas.

Para poder adherirse a las exenciones previstas por la nueva normativa, el personal tendrá que demostrar contar en su historial con 36 meses de "estabilidad" y estar dispuesto a cumplir con las tareas y "estándares asociados a su sexo". "Si pueden probar que nunca han intentado transicionar y si se adhieren a los estándares aplicados podrán permanecer en el Ejército", ha indicado el Pentágono.

En 2017, durante la primera administración de Trump, el magnate puso sacó adelante una serie de medidas similares que acabaron topándose con al menos cuatro demandas que pedían la prohibición por considerar que se trataba de normativas inconstitucionales que incurrían en discriminación por cuestión de sexo. No obstante, el Tribunal Supremo acabó avalando su introducción en 2019, si bien el ahora expresidente Joe Biden acabó por retirarlas.

La nueva política de la Administración Trump es incluso más dura que la anterior: en 2017 el personal transgénero que se hubiera sumado a las Fuerzas Armadas antes de que la normativa entrara en vigor podían mantener sus trabajos.