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Una metodología diseñada en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián elaboró un índice para cuantificar lo que se deja de percibir a partir de la burocracia en la entrega de autorizaciones para la inversión. 

De esta manera,  la "permisología" sobe la economía se estimó en casi US$ 2.000 millones el año pasado. Según publica El Mercurio, la problemática pasó de significar un perjuicio de 0,2% del PIB en 2002, a un 0,58% en 2023.

La medición, a cargo del decano Alejandro Weber y del exsuperintendente de Medio Ambiente Cristóbal de la Maza, tomó datos disponibles en la plataforma digital del Sistema de Impacto Ambiental (SEIA) y estableció una ponderación considerando el monto de la inversión que potencialmente pudo ser aprobada junto con la tasa de rechazo de cada proyecto en relación al plazo legal.

De la Maza explica que el índice "integra la inversión en tramitación, el costo de capital por sector económico, la probabilidad de aprobación de un proyecto en trámite dependiendo del tipo de permiso, y considera la relación entre tramitación del permiso ambiental versus otros permisos. Representa el costo esperado de retrasar la puesta en marcha de estos proyectos".

Weber afirma que del análisis de los datos se puede desprender que "los tiempos de tramitación han aumentado considerablemente y la probabilidad de rechazo ha aumentado de forma significativa”.

“También las condiciones del mercado y el costo de capital se han elevado”, dijo, lo que “incrementa los costos de la permisología”.