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El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 solicitó al Congreso autorización para que el Gobierno contraiga obligaciones por hasta US$25 mil millones, durante el próximo año, elevando el techo de endeudamiento respecto del límite vigente para 2026.

La cifra representa un aumento de US$1.400 millones, equivalente a 5,9%, respecto del techo de US$23.600 millones actualmente autorizado para 2026. Este último monto se alcanzó luego de que durante este año se aprobara una ampliación de US$6.200 millones sobre los US$17.400 millones contemplados originalmente en el Presupuesto 2026.

El proyecto establece que Hacienda podrá emitir y colocar bonos y otros instrumentos denominados en moneda nacional o extranjera. Además, contempla una autorización de hasta US$600 millones para contraer obligaciones en Chile o el exterior con organismos internacionales.

El aumento del techo de endeudamiento se plantea, además, dentro de un escenario en que el Gobierno busca reducir el déficit estructural. El proyecto señala que el Presupuesto 2027 fue elaborado de acuerdo con una meta de déficit estructural equivalente a 1,8% del PIB, un punto porcentual por debajo de la meta de 2,8% vigente para 2026.

Al respecto,  la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, conversó con radio ADN y aseguró que “hay varias preocupaciones en este presupuesto”, apuntado al nivel de endeudamiento contemplado en la propuesta del Ejecutivo. 

La legisladora remarcó que “están pidiendo esta deuda para pagar la reforma tributaria”. En ese sentido, advirtió que el plan de financiamiento “va a tener efectos fiscales, porque sabemos que la deuda viene con intereses y amarra a otros gobiernos hacia adelante”.

Por lo mismo, sostuvo que el Estado contará con menos recursos debido a los cambios tributarios impulsados por la administración actual y llamó a postergar la rebaja de impuestos. “Vamos a seguir proponiéndole al Gobierno que se postergue esa rebaja de impuestos, para así poder contar con más recursos”, adelantó.

En el mensaje que acompaña la iniciativa, de 72 páginas, el Presidente José Antonio Kast sostiene que este "es el primer presupuesto de nuestra administración" y  tiene como prioridades: niñez, seguridad, y empleo y reactivación económica. El texto agrega que se resguardan los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El proyecto introduce, además, una nueva lógica de programación financiera de mediano plazo. A partir del Presupuesto 2027, la proyección de las necesidades de gasto se realiza con un horizonte de cinco años, con el objetivo de anticipar presiones presupuestarias, ordenar prioridades y evaluar la sostenibilidad futura de las decisiones adoptadas.

El escrito vincula esta planificación con la situación acumulada de las finanzas públicas. Según el documento, durante 12 de los últimos 13 años se registraron balances fiscales deficitarios, situación que contribuyó al aumento de la deuda pública y del gasto en intereses. En 2025, agrega, el pago de intereses equivalió a más del 70% del gasto destinado a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sobre el monto solicitado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que considera pago de obligaciones anteriores, las necesidades derivadas del déficit fiscal y otras operaciones financieras. “Hay que primero pagar deudas anteriores, y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea”, afirmó.