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Ex superintendente de Pensiones: “La salud privada existe porque hay una Constitución que lo permite”

Razones Editoriales habló con Álvaro Gallegos para analizar el difícil panorama de los afiliados y sus derechos, tras las declaraciones del gerente general de la Isapre Colmena.

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  • Pablo Medel

  • Lunes 11 de julio de 2022 - 18:45

Este fin de semana, en entrevista con La Tercera, el gerente general de Colmena, Felipe Galleguillos, aseguró que “estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores”, esto por el alza en los planes.

Declaraciones que generaron todo tipo de reacciones y a las que se refirió hoy el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, quien tildó de “desmedida” la acción y aseguró que tomarán todas las acciones para proteger a los asegurados.

Para conversar sobre este tema, Razones Editoriales entrevistó al ex superintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, quien calificó las declaraciones como “sorprendentes, pero reflejan la realidad”. Y reparó en que “las Isapres son aseguradoras de salud, donde técnicamente el afiliado sería un consumidor. La ley del consumidor no podría defender al afiliado porque está bajo un contrato de adhesión. El oferente puede cambiar las condiciones, y el cliente debe defenderse solo, porque la ley del consumidor lo permite”, revela.

En ese sentido, el experto señala que las Isapres están en su pleno derecho. “La salud privada existe porque hay una Constitución que lo permite. Es una diferencia con las pensiones, porque en Salud existe un FONASA. El superintendente puede decir mucho, pero no puede hacer nada. Las Isapres una vez que tienen sus clientes cautivos, pueden abusar, está ejerciendo su poder de mercado, simplemente”, enfatiza.

En resumen, Gallegillos no hace más que desnudar una realidad, plantea el ex superintendente de Pensiones. “Cuando los afiliados recurren a las Cortes de Apelaciones, casi en una totalidad resultan falladas a su favor. Que persistan las Isapres en aumentar los precios es irrisorio, lo hacen solamente porque la ley se lo permite”, advierte. “Lo lamentable es que instituciones privadas que reciben la autorización del Estado, se den el gustito de trasladar las preferencias políticas de sus dueños”, concluye.

 

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