El Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley de delitos económicos y ambientales, la que aseguró ayudará a recuperar las confianzas en el país. La nueva norma, conocida como la ley contra los delitos de cuello y corbata, debió superar un veto presidencia y un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar. Estoy seguro que esta ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años”, dijo el mandatario en el acto promulgatorio.
“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces pareciera existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres", añadió.
"Tenemos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones”, agregó.
También explicó que con esta ley "se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activo, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Todo delito económico será sancionado con una multa, además de la sanción penal”.
La ley sistematiza los delitos económicos, atentados contra el medio ambiente, y modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos para calificarlos como “económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.
Ideas fuerza de la ley
1.- Establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados delitos de cuello y corbata.
2.- Cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión -cárcel- es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, de manera de evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
3.- Agrega como categoría de “delito económico” a los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.
4.- Establece una nueva forma de determinación de la multa (denominada “días-multa”), la que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado.
5.- Permitirá que la multa pueda ir desde media UTM (cerca de $31 mil) hasta una cantidad máxima teórica de casi $19 mil millones para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.
6.- Incluye nuevas inhabilitaciones que a todo evento serán impuestas tratándose de delitos económicos: para cargos públicos; cargos gerenciales; y para contratar con el Estado, que incluye a toda persona jurídica relacionada con el condenado, mientras exista ese vínculo.
7.- Establece el comiso de las ganancias, por el cual toda condena tendrá aparejado el cálculo de las ganancias provocadas por el delito y las mayores utilidades que estas puedan generar, aunque no estén vinculadas directamente con el delito, sin descontar los gastos necesarios para generar esa ganancia.
8.- Crea nuevos delitos, entre los que destacan los delitos medioambientales, los que, si se dan los presupuestos, serán considerados como delitos económicos, aplicándoseles el nuevo estatuto. Además, se perfeccionan múltiples delitos relacionados con la actividad empresarial.
9.- Modifica de forma relevante el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así se consideran a todos los delitos económicos (alrededor de 150) como aquellos que deben ser prevenidos por las empresas para que no se desarrollen en sus procesos.
10.- Crea la nueva pena de supervisión de la persona jurídica para que estas cuenten con un sistema que pueda evitar nuevos delitos.
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