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La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) ingresó un proyecto que pretende aliviar en algo a miles de chilenos que producto de la crisis han asumido deudas sin poder pagarlas.

Según explicaron los parlamentarios este “proyecto permite proteger a las personas del acoso, hostigamientos y amenazas que constantemente ejercen las empresas de cobranza con aquellas familias que se encuentran en incapacidad de pago de sus obligaciones financieras”.

“En la actualidad muchas familias están ahogadas con deudas, y no cuentan con recursos suficientes para ponerse al día. Además, sufren el hostigamiento y abusos permanentes de las empresas de cobranzas, que los llaman constantemente a sus hogares y trabajos en horarios inapropiados para amenazarlos con juicios e ingresarlos en DICOM. Además, de sumarle mayores costos (como los de cobranza) a sus ya abultadas deudas”, explicaron los diputados socialistas.

Sobre este punto, los legisladores recordaron que “aunque en la actualidad algunas de las prácticas abusivas de las empresas de cobranza están prohibidas por ley, estas no tienen sanciones disuasivas para las empresas, mientras que otras están legalizadas y eso a nuestro juicio debe ser restringido”.

“Por eso, además el proyecto incluye modificaciones que permiten la renegociación de deudas de manera accesible y sin abusos. Hoy si bien existe un procedimiento de tipo administrativo para regularizar las deudas (conocido popularmente como la “Ley de quiebra de la persona natural”), pero los actuales requisitos dificultan la posibilidad de pueda ser utilizada por la mayoría de las personas deudoras”, afirmaron los diputados.

El texto presentado propone en términos concreto “la Prohibición de visitar, ni comunicarse a los teléfonos fijos o correos electrónicos de los lugares de trabajo o a personas distintas de deudor, ni reiterar constantemente los cobros por las vías autorizadas durante un mismo mes una vez efectuada y en el caso de los días sábados, debe ser posterior a las 10.00 horas”.

En caso de no cumplir la normativa los legisladores PS proponen incorporar una multa especial que permita desincentivar la comisión de estos abusos, que ascienda a 1.500 UTM, por cada 10 consumidores afectados, de acoso, hostigamiento y otras prácticas de la industria de cobranzas.

Además, se propone eliminar el requisito que la deuda tenga su origen en dos o más obligaciones vencidas, y disminuir el plazo a 60 días, reduciendo el monto exigido para la deuda vencida a 40 UF, y suprimir la necesidad de que no existan juicios ejecutivos pendientes. En el caso de las personas adultos mayores el monto debe ser inferior, de sólo 15 UF. Finalmente, también incluir a los trabajadores a honorarios en la posibilidad de utilizar este procedimiento.