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El financiamiento de las universidades públicas se instaló en el centro del debate presupuestario, luego de que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contemplara una disminución de los recursos destinados a educación superior. Aunque la reducción global proyectada alcanza el 1%, el ajuste se concentra en instrumentos claves para el funcionamiento y desarrollo de las instituciones, lo que ha generado preocupación entre las rectorías.

En entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Pedro Palominos Belmar, cuestionó la forma en que se ha presentado esta disminución y advirtió que sus efectos deben analizarse considerando los ajustes presupuestarios anteriores y las necesidades de las universidades estatales.

“Esta rebaja está concentrada principalmente en instrumentos que fortalecen la educación pública estatal y eso es lo más preocupante”, sostuvo.

De acuerdo con los antecedentes presentados durante la discusión presupuestaria, los recursos para educación superior considerados en el proyecto disminuyen en $36.035 millones respecto de la Ley de Presupuestos 2026 ajustada. A esta cifra se suma, según los cálculos expuestos por el rector, una reducción de $66.000 millones aplicada durante el año en curso, lo que eleva el ajuste acumulado a cerca de $105.000 millones.

“Hay muchas universidades que están pasando algunos desajustes y esto, en realidad, es un balde de agua fría. Yo creo que reducir presupuestos en la universidad es recortar el desarrollo”, afirmó.

DEBATE

La discusión presupuestaria tuvo un nuevo capítulo en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, que analizó los recursos destinados al sector. En esa instancia se aprobaron los capítulos correspondientes al Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y a la Superintendencia de Educación Superior, mientras que la partida de la Subsecretaría de Educación Superior quedó pendiente tras registrarse un doble empate.

Entre las asignaciones más afectadas se encuentran el Aporte Institucional a las Universidades Estatales (AIUE), que disminuiría un 11,4%, equivalente a $13.184 millones; el Aporte Fiscal Directo (AFD), con una caída del 3%, correspondiente a $9.487 millones; y el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales (PFUE), que se reduciría un 34,8%, es decir, $7.731 millones. A ello se suma una disminución del 10,6% del Fondo Basal por Desempeño de las universidades del G9, equivalente a $6.216 millones.

Desde la perspectiva del rector de la Usach, el problema excede la necesidad de ajustar gastos y se relaciona con la estructura de financiamiento de la educación superior chilena.

“El sistema universitario actual, en su forma de financiamiento, está en crisis. Tiene una crisis estructural. Entonces no podemos sacar fondos del mismo sistema y cambiarlos porque el problema en sí está mal planteado”, señaló.

En esa línea, planteó que la solicitud de las universidades estatales y de los rectores del Cruch es mantener los recursos del año anterior, sin exigir un incremento presupuestario.

“Lo que están pidiendo las universidades estatales y los rectores es que por lo menos se mantenga el presupuesto del año pasado. No estamos pidiendo algo más, sino que mantengamos lo que se dio el año pasado”, explicó.

El rector reconoció que las instituciones deben realizar esfuerzos para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero advirtió que ese objetivo no puede traducirse en limitar su desarrollo. A su juicio, reducir el financiamiento universitario también puede afectar la formación de profesionales, la productividad y la capacidad del país para generar conocimiento propio.

“Yo no puedo no inyectar dinero al desarrollo del país porque, en el fondo, estamos hipotecando el futuro”, sostuvo.

Cabe señalar que uno de los argumentos planteados por el Gobierno para justificar la redistribución de recursos apunta al crecimiento que ha experimentado la educación superior y a la necesidad de fortalecer la educación parvularia y los primeros años de formación.

El rector Palominos manifestó estar de acuerdo con la importancia de priorizar la educación inicial, pero rechazó que aquello se realice debilitando el financiamiento universitario. Para el rector, ambos niveles forman parte de un mismo proceso y requieren políticas públicas capaces de asegurar su continuidad.

“Yo estoy de acuerdo en que gran parte de los recursos tienen que estar focalizados en los primeros años de formación de los niños y niñas. Pero no quitemos dinero a otra parte de la educación, porque esto es un continuo, no es una educación fraccionada. No podemos desvestir un santo para vestir otro”, planteó.

GRATUIDAD Y AYUDAS BAJO PRESIÓN

Otro de los puntos que preocupa al rector es el impacto que los cambios en la gratuidad y en los mecanismos de financiamiento estudiantil podrían tener sobre las instituciones y sus comunidades.

Según indicó, cerca del 65% de los estudiantes de la Usach cuenta con gratuidad, una proporción que refleja la relevancia de este beneficio para el acceso y la permanencia en la educación superior.

La autoridad universitaria advirtió que, cuando un estudiante pierde la gratuidad o no puede acceder a ella, las universidades deben buscar otras alternativas para evitar que abandone sus estudios, recurriendo a mecanismos como el Crédito con Aval del Estado (CAE) o el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

 “Haremos todos los esfuerzos para mantener las becas, mantener las ayudas económicas, mantener el acompañamiento, mantener los equipos musicales, los coros, Radio Usach. Nosotros tenemos que seguir porque, efectivamente, tenemos que dar cuenta de que nosotros no somos una empresa”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el aporte de una universidad pública no puede medirse exclusivamente con indicadores de rentabilidad privada, ya que su impacto también se expresa en el desarrollo de las personas y en las oportunidades que entrega a la sociedad. “El fin final es mejorar la calidad de vida de todas las personas”, enfatizó.