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El Presidente Boric anunció durante su tercera Cuenta Pública una Ley de Aborto Legal. "Lo someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso de avanzar y no retroceder", señaló.

En entrevista con La Tercera Domingo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, clarificó que "la posición que expresa nuestro Gobierno al decir aborto legal es, en primer lugar, que esto no es solo despenalizar. Si yo sólo despenalizo, pero no doy acceso para resolver el problema de salud, no se modifica la situación de clandestinidad".

El País realizó un reportaje donde abordó la clandestinidad que existe en Chile. El medio indicó que, según diversos estudios, en el país se realizan entre 30.000 a 150.000 abortos clandestinos al año, que son las que maneja el Ejecutivo, aunque son de al menos una década, por lo que hay expertos que plantean que no se sabe la cifra real en la actualidad. 

El medio indicó que el número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud.

De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La ministra Orellana abordó el uso del misoprostol, que es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico, y lo preocupante que se venda en el mercado negro. "Basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho", señaló a El País.

En tanto, Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, aseguró al medio que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. "Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes", afirmó.