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Parlamentarios de Renovación Nacional (RN) solicitaron a la Contraloría General de la República a que fiscalice la compra realizada por trato directo por parte del Gobierno de 900 mil copias de la propuesta nueva Constitución, por un monto de $444 millones.

La petición suscrita por los diputados Andrés Longton y Sofía Cid manifiesta que, en el marco de la campaña “Chile vota informado”, el pasado 21 de julio se compraron dichos ejemplares por trato directo.

Esto pese a que “la ley 19.886, sobre bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en su artículo 5° establece que toda contratación que supere las 1.000 UTM (aproximadamente 58.2 millones de pesos) debe, como regla general, realizarse mediante licitación pública”, según el texto.

La solicitud afirma que la orden de compra fue emanada desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), con la justificación de que son dineros “remanentes” de la Convención Constitucional que cerró su labor el mes pasado.

El partido opositor pidió al ente contralor que “fiscalice y vele por el buen uso de los recursos públicos y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria tanto del Ministro Secretario General de la Presidencia, don Giorgio Jackson Drago y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la administración pública”.

Ambos parlamentarios criticaron al gobierno por esta compra y manifestaron que dicho dinero pudo ir en ayuda de las familias chilenas que enfrentan el alza del costo de la vida.