Actualidad

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó este jueves los últimos alegatos orales del juicio entre Chile y Bolivia por las aguas transfronterizas del río Silala, un recurso hídrico cuyo uso y estatus ha erosionado las relaciones entre ambos países.

“La Corte se retirará a deliberar, los agentes de las partes serán notificados a su debido tiempo acerca de la fecha en la que la corte dictará su fallo”, dijo la jueza presidenta del alto tribunal de la ONU, Joan Donoghue.

ACERCAMIENTO DE POSTURAS

El Silala nace en unos manantiales del Potosí boliviano y cruza la frontera hacia el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del planeta. El juicio de catorce días en La Haya ha servido para acercar las posturas de ambos países respecto a un recurso hídrico que, hasta el momento, solo ha sido explotado por Chile.

El expresidente de Bolivia Evo Morales acusó al país vecino de “robar” y “desviar” las aguas del Silala hacia su frontera, pero Chile le contestó con una demanda en 2016 ante la CIJ.

Seis años después, La Paz ha admitido parte de las reclamaciones de Santiago pues su representante ante la CIJ, Roberto Calzadilla, dijo ayer que el Silala debe ser declarado un “río internacional” cuyo uso debe ser “equitativo y razonable”, es decir, una postura similar a la defendida por el país vecino desde el inicio del litigio.

No obstante, Bolivia presentó una contrademanda en 2018 y le pidió a la CIJ que declare que el caudal del Silala fue “mejorado artificialmente” gracias a unas obras hechas en los años 20 del siglo XX por una empresa anglo chilena, Antofagasta-Bolivia Railway Company, en el Potosí boliviano.

Según La Paz, esos trabajos aumentaron el caudal del recurso hídrico hacia la frontera entre un 11 % y un 33 %, por lo Chile debería pagarle a Bolivia una “compensación” por el uso de ese flujo extra.

“Chile no tiene derecho adquirido sobre los beneficios derivados de la infraestructura en territorio boliviano”, dijo este miércoles el representante de Bolivia.

Santiago ha rechazado ese planteamiento asegurando que, según sus cálculos, las obras aumentaron las procelosas aguas del Silala un 1% como máximo, por lo que la contrademanda de Bolivia “no tendría fundamento jurídico”.

Sus letrados han pedido que se aplique sobre todo el curso de agua el derecho internacional consuetudinario, es decir, las normas que se aplican habitualmente a los ríos internacionales cuando no existe un tratado entre los países ribereños.

DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES

Respecto a las obras hechas hace cien años, la representante de Chile ante la CIJ, Ximena Fuentes, dijo hoy que “si el desmantelamiento de las canalizaciones da lugar a una reducción del caudal superficial, o un deterioro en la calidad del agua, esto no será considerado de por sí una violación del derecho internacional consuetudinario”.

“Chile no tiene ningún interés en el mantenimiento de estas canalizaciones en Bolivia y de hecho alienta a su desmantelamiento”, añadió Fuentes.

Bolivia ha dicho que, si desmontara la infraestructura, usaría el caudal extra que dejaría de correr hacia Chile para restaurar unos bofedales en su territorio, es decir, unos humedales que se habrían visto afectados por las obras de canalización hechas hace cien años.

Tras los alegatos orales finalizados hoy, se espera que los jueces den a conocer su decisión a finales de 2022 o a lo largo de 2023, un fallo que será inapelable por las partes.