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El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó arresto domiciliario parcial nocturno y el alzamiento del secreto bancario de L.R.C.Z., médico cirujano ecuatoriano imputado como autor de los delitos reiterados de emisión de 11.800 licencias fraudulentas y fraude de subvenciones, cometidos entre enero de 2023 y junio de 2025.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Gonzalo Martínez Merino, acogió la medida intrusiva solicitada por el Ministerio Público, por considerarla pertinente a los fines del procedimiento.

“Dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público para efecto de la investigación de delitos está solicitar medidas intrusivas que digan relación con los delitos por los cuales está siendo investigada esta persona en particular. Teniendo en cuenta que el imputado fue formalizado por dos delitos que dicen relación directamente, uno por un fraude y otra con la omisión de licencia médica y la obtención de dinero a través de la venta de estas, es que al tribunal le pareció razonable autorizarlo”, razonó el tribunal.

Respecto a la medida cautelar, el tribunal revocó la prisión preventiva del imputado decretada el 8 de marzo pasado y, en su lugar, dispuso el arresto domiciliario parcial nocturno, el arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas.

Al resolver el cambio de cautelares, el magistrado sostuvo que “se accedió a esta solicitud de la defensa básicamente teniendo en cuenta que, en primer lugar, el contexto de discusión decía relación únicamente con la necesidad de cautela; se decretó la prisión preventiva en su oportunidad por peligro de fuga, porque la persona no había acreditado arraigo nacional o familiar y ahora la defensa acompañó antecedentes de esta”.

“En segundo lugar, la persona tiene irreprochable conducta anterior y ha sido formalizado por dos simples delitos; por lo tanto, uno podría estimar en este estado estadio inicial de la investigación, que en caso de ser condenado va a cumplir la pena en libertad”, añadió.

“Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal establece que las medidas cautelares son esencialmente provisorias y necesarias para asegurar los fines del procedimiento, el tribunal estimó que otras medidas cautelares de menor intensidad podían cumplir con este fin procesal”, concluyó.

DETALLE DE DELITOS

Según el ente persecutor, al menos, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado, médico general sin especialidad en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud, emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los operadores I-Med y Medipass, tanto para afiliados a Fonasa (11.239) como isapres (935), bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, creado por el imputado y su madre, con domicilio en la comuna de Coquimbo.

Del total de licencias médicas electrónicas emitidas, 275 fueron otorgadas en forma presencial y 11.065 de manera remota, lo que transforma al imputado en el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional, en 2024. El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna.

En dicho contexto, el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante los días de reposo; y otras seis licencias a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos.

Del total de licencias otorgadas por el imputado a pacientes Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, generando un pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente por $4.639.802.932.