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Según un catastro de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), durante 2024 se destruyeron 24.402 armas, la mayoría proveniente de entrega voluntaria, y, en casi el 40% de los casos, estas estaban inscritas.

Las cifras del control de armamento, durante los últimos cinco años, han variado. La cantidad varió desde 18.418 en 2019 y 2020 (las de 2019 se sumaron a 2020 a raíz del estallido social), a un peak de 25.015, en 2023, y con una disminución a poco más de 24 mil el año pasado.

De todas las armas destruidas durante 2024, según las cifras de la DGMN, el 39,3% (9.598) estaba inscrita legalmente, seguidas de otras 7.027 (28,7%) que estaban con la condición de “no inscrita”, además de otro 31,9%, que corresponde a armas fiscales en desuso.

El uso o porte de arma, y consigo la tenencia legal e inscrita por parte de las personas, es uno de los elementos que forma parte del debate de seguridad, más aún en medio de las campañas presidenciales. Durante el debate presidencial de septiembre, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), afirmó que el 52% de las armas incautadas estaban inscritas.

Si bien las cifras de la DGMN no consideran las estadísticas respecto a las armas incautadas, las que son manejadas por las policías sí dan cuenta del origen del elemento que finalmente llega a ser eliminada.

Al menos en 2024, el 58,6%, es decir 14.168, fueron entregadas voluntariamente; el 31,8% es de origen fiscal, y solo el 10% de las armas destruidas fue decomisado.

¿Por qué la mayoría de las armas destruidas estaban inscritas? Según explican desde la DGMN, “en gran parte”, se debe al alto número de personas que entrega voluntariamente su arma, “debido a las nuevas restricciones establecidas en la ley”.

Desde la institución explican que “se estima que el aumento en las entregas voluntarias de armas y elementos controlados puede ser producto de la concientización de la ciudadanía respecto de las restricciones y el fortalecimiento en las medidas de control de armas establecido en la Ley 21.412, cuya promulgación fue materializada en enero de 2022, enfocadas principalmente en el control y tenencia responsable de armas”. Dicha ley, creó una normativa más estricta respecto del control de las armas.

En ese contexto, en la DGMN también apuntan a la implementación del Plan Anual de Fiscalización de Armas, el que busca intensificar el control de las armas inscritas, pudiendo revisar que dichos elementos cumplan con la ley y estén en posesión de quienes las inscribieron y en los lugares en los que fueron registrados, entre otros requisitos que se deben cumplir para contar con dicha autorización.

En esa línea, y además de apuntar a que el alto número de armas destruidas que estaban inscritas se puede deber a la entrega voluntaria, desde la DMGN también explican que aquello se puede atribuir al decomiso de armas inscritas a los propietarios por incumplir con las normas, así como también por haber cometido delitos simples o de violencia intrafamiliar, por el porte o tenencia ilegal o bien por no contar con los permisos vigentes.

Sobre lo mismo, desde la institución militar afirman que “el decomiso puede ser decretado si se demuestra que el arma es instrumento de un delito o se viola alguna disposición legal sobre su uso. Lo anterior se encuentra relacionado directamente con la implementación del Plan Anual de Fiscalización de Armas dispuesto por el gobierno”.