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El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de terrenos e inmuebles, fija penas de cárcel por tomas violentas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

En primer término se dieron por aprobadas todas las normas aprobadas por unanimidad y que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones. Mientras que, en votaciones de mayoría, se despachó el resto del texto en particular, en similares términos en los que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública.

El proyecto diferencia penas por usurpaciones con violencia en las personas versus las que se ejercen sobre las cosas, así como actualiza y da coherencia a los tipos penales que aborden los nuevos contextos de delitos de loteos irregulares (brujos), a partir de mafias que buscan el lucro.

La iniciativa tuvo su origen en dos mociones refundidas: una de los senadores Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer y otra de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh.

Durante el debate se recordó que esta iniciativa adquirió especial significancia tras el asesinato del empresario viñamarino Alejandro Correa en Concón por parte de un sicario en 2020, a raíz de un pleito judicial que se impulsó tras la toma de sus terrenos en Quilpué, donde el líder de dicha toma mandó a matar al empresario.

Asimismo, se hizo presente que las tomas de terrenos tienen su origen a mediados del siglo XX, debido al déficit de viviendas; mientras que las usurpaciones en La Araucanía se registran desde el retorno de la democracia a través de diversos gobiernos.

En cualquier caso hubo coincidencia en el sentido que la legislación actual data de hace casi un siglo y es preciso adaptarla a los nuevos desafíos.

El senador Felipe Kast, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, dio cuenta de la iniciativa cuyos principales objetivos son:

- Sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación.

- Extender el período de flagrancia tratándose de este delito.

- Permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.

- Autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

- Castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente.

- Modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.

- Incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista juicio pendiente por usurpación

- Hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló “la importancia de generar certezas”, y explicó que las principales divergencias tienen que ver con el tratamiento que se le da la usurpación no violenta y, en lo referido a la legítima defensa pues, con el texto legal "se abre la posibilidad de mayor confrontación ya que un propietario podría organizar un grupo privado para recuperar un inmueble y eso es casi incitar la justicia por sus propios medios”.