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El Senado comenzó a agilizar la tramitación de proyectos claves en materia de seguridad pública durante este jueves en una nueva sesión especial, a partir del compromiso surgido entre el Ejecutivo y el Congreso tras la muerte de la sargento segunda Rita Olivares, quien fue asesinada este fin de semana en medio de un operativo policial.

El proyecto que busca agravar las penas de delito por porte de armas en lugares altamente concurridos fue el primero en discutirse, y fue aprobado y despachado de forma unánime, con 44 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La iniciativa tuvo modificaciones en la Comisión de Seguridad del Senado, instancia en donde se le agregaron nuevos espacios públicos tales como establecimientos educacionales y centros de salud.

"Si los delitos de porte de armas o artefactos se cometieran en lugares altamente concurridos (...), se impondrá al responsable la pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de dos o más grados, o de su mitad inferior, si la pena es de un grado de una divisible", ordena este nuevo artículo.

El martes pasado en la Cámara Baja fueron aprobadas otras cuatro iniciativas de la agenda de seguridad (sobre secuestro, extorsión, sicariato y control migratorio), continuando en la comisión de Seguridad del Senado su revisión e inclusión de indicaciones, algo que el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, reclamó el Gobierno y sus parlamentarios no hicieron para "dilatar la tramitación y bajar la presión social".

Durante la jornada, se discutirán los proyectos que buscan agravar las penas del delito de secuestro, la tipificación del delito de extorsión y entregar más herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de posibles delitos en los recintos penales; la modificación del Código Penal para sancionar el delito de sicariato y la ampliación de las facultades de las policías en materia de control migratorio.

Por otro lado, el proyecto "Naín-Retamal", tiene uno de los artículos que genera mayor conflicto en el oficialismo, que es el que consagra la presunción del uso justificado de armas de servicio. Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, en la votación en la Cámara Baja rechazaron y se abstuvieron en bloque en torno a la modificación.

En ese sentido, en la mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la ley "Naín-Retamal" como "defectuosa", argumentando que existen "riesgos" para Carabineros y ciudadanos al regular las reglas del uso de la fuerza a través del Código Penal, de la forma que lo propone la iniciativa.