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Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto de ley que fortalece la seguridad perimetral de los recintos penales y sanciona a los denominados "peloteros", sujetos que lanzan de elementos prohibidos al interior de las cárceles.

Con esto, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados, la que deberá pronunciarse respecto de los cambios que se introdujeron durante la tramitación en el Senado.

El senador Luciano Cruz-Coke informó los alcances del proyecto explicando que se amplía la penalización establecida en el artículo 304 bis del Código Penal a todos los supuestos en que se ingrese, favorezca el ingreso o se intente el ingreso de objetos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios.

Además, se agrega una presunción de peligrosidad respecto de los objetos que se hayan introducido o intentado introducir mediante su lanzamiento desde el exterior del recinto penitenciario.

En el debate, los senadores coincidieron en que existe un vacío legal que permite que el lanzamiento de objetos prohibidos al interior de las cárceles sea una práctica reiterada que no tiene las sanciones adecuadas, debido a que los estándares probatorios son "inalcanzables".

Se recordó que el año 2022 se legisló para sancionar el ingreso de elementos prohibidos, por las vías formales, pero que, debido al crecimiento de este fenómeno, dicha legislación "quedó corta para el caso de los lanzamientos desde fuera de la cárcel".

Asimismo, hubo coincidencia en que este tipo de conductas permite el ingreso de drogas, teléfonos y otro tipo de objetos prohibidos, que terminan siendo el "soporte material" que permite a la criminalidad subsistir y operar desde los recintos penales.

En tal sentido, se indicó que está iniciativa considera "una regulación más completa, más coherente y más eficaz", que recoge las inquietudes planteadas por Gendarmería y llena vacíos legales.

No obstante, hubo senadores que plantearon sus aprensiones respecto de la efectividad en la aplicación de la normativa, argumentando que "con las atenuantes casi nadie va a pagar con cárcel el delito".

En esa línea, plantearon que "hay temas que deben ser corregidos en la tramitación, si no, podríamos tener un retroceso" y que es necesario definir el listado de elementos prohibidos, pues "tenemos que tener una norma más clara y precisa".