El Senado votará hoy, a contar de las 16 horas, la nueva Ley Antiterrorista que reemplazará a la antigua norma que rige desde 1984. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, espera que sea aprobada por la sala.
“Quiero destacar el avance en la tramitación en el Senado, hemos señalado que se requiere una Ley Antiterrorista para una democracia del siglo XXI, con todos los estándares correspondientes”, señaló el ministro en referencia al rápido despacho del martes.
“Se ha dado un paso importante con el despacho en la Comisión de Constitución del senado y esperamos que la ratifique en su sesión de la tarde”, añadió el titular de la Segpres en medio de las actividades por el Día de los Trabajadores.
El martes, la comisión avanzó en las definiciones de las penas, de lo que se entenderá por asociación terrorista y los delitos cometidos en solitario y sin conexión por los denominados "lobos solitarios".
Tras la explicación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del fiscal nacional Ángel Valencia, la comisión se inclinó con 4 votos a favor y uno en contra, por mantener la figura del "lobo solitario", en el entendido que algunos atentados como el caso del envío de bombas a ex autoridades son cometidos por personas que corresponden a esa figura.
Además, se aprobó una disposición que aumenta las sanciones para los funcionarios públicos que, en el desempeño de su cargo, cometan cualquiera de los delitos contemplados en esta ley.
Uno de los temas que concitó debate dice relación con las normas que permiten a los fiscales solicitar autorización para intervenir una o más redes de servicios de telefonía o de transmisión de datos móviles mediante la operación de tecnologías.
Los senadores comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez presentaron una indicación para eliminar dicha norma, argumentando que raya en la inconstitucionalidad, mientras que el Ejecutivo sostuvo que le presentará indicaciones para acotarla.
Tras un intercambio de posturas, se optó por respaldar, con el voto en contra de la senadora Pascual, el texto tal como venía de la Comisión de Seguridad en el entendido que el Ejecutivo hará precisiones durante la tramitación.
Además, se aprobó por mayoría, una norma que permite al Ministerio Público solicitar el traslado de las causas, previa autorización del pleno de la Corte Suprema cuando existan casos de especial complejidad o alarma pública.
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