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En medio de la polémica por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que también firmó decretos que beneficiaron a dos internos del expenal de Punta Peuco, condenados por delitos de secuestro calificado y tortura.

En entrevista con T13, el secretario de Estado ratificó la información y defendió la aplicación de estos beneficios, argumentando que se han otorgado durante las últimas dos décadas, bajo gobiernos de distintos sectores políticos.

“Es cierto”, respondió Rabat al ser consultado por los casos. A continuación, sostuvo que “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley y hay casos en cada uno de los gobiernos”.

El ministro también se refirió a la administración del expresidente Gabriel Boric, señalando que, según su recuerdo, fue la única que rechazó todas las solicitudes de este tipo. Sin embargo, afirmó que esas decisiones fueron posteriormente revertidas por la Corte Suprema en al menos cuatro casos.

“En los demás gobiernos, en los últimos 20 años, se otorgaron beneficios a militares porque así lo establece la ley. Se utilizó el mismo criterio”, agregó.

Finalmente, Rabat defendió que estos mecanismos deben aplicarse conforme al marco legal, sin excluir a determinados grupos de personas por su condición. En esa línea, aludió a pronunciamientos constitucionales para respaldar que estos beneficios no pueden analizarse ni descartarse de manera general según el grupo al que pertenezcan los condenados.