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Siete de cada 10 chilenos apoyan la acusación constitucional que presentó la Cámara de Diputados y Diputadas en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras revelarse que su familia participó en la compra-venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal, solo meses antes de que convirtiera en mandatario.

La encuesta Pulso Ciudadano de la consultora Activa Research mostró que un 67,7 % de los encuestados dijo estar "muy de acuerdo" o "de acuerdo" con el juicio político, mientras que un 14,9 % "muy en desacuerdo" o "en desacuerdo" y un 17,5 % "ni de acuerdo, ni en desacuerdo".

La mayor adhesión provino de los jóvenes entre 18 y 30 años y los mayores de 51 años, donde el respaldo bordea el 70 %, de acuerdo con el sondeo, que también desveló que la aprobación del mandatario cayó hasta el 12,5 %, uno de sus niveles más bajos desde que asumió el poder para cuatro años en marzo de 2018.

Además, el 37,7 % de los encuestados que aseguraron estar de acuerdo con el juicio político a Piñera se declaró afines a la derecha, es decir, casi dos de cada cinco.

Cabe recordar que un grupo de diputados y diputados de oposición presentaron el miércoles una acusación constitucional contra el gobernante, de 71 años y dueño de la cuarta fortuna más grande de Chile.

Se trata de un proceso histórico pues por segunda vez en su mandato Piñera enfrenta un pedido de destitución luego del que no prosperó en noviembre de 2019 por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Además, es el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

El objetivo es que el escrito acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara Baja, llegue al Senado -órgano que actúa como juez- antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.

Los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.

 El juicio político, puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera, se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios en la misma operación financiera.

El presidente defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y esgrime que lo revelado en los Papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.