Noticias

La diputada Irací Hassler (PC) presentó un proyecto de ley que busca restringir el acceso a actividades de entretenimiento y apuestas para las personas que mantengan deudas de pensión de alimentos. La propuesta apunta a impedir que quienes incumplen esta obligación puedan destinar recursos a casinos, juegos de azar o eventos deportivos mientras sus hijos e hijas mantienen necesidades básicas sin cubrir.

“Si hay plata para hacer apuestas, para ir a los casinos, si es que hay plata para ir a los estadios de fútbol, debe haber plata para las necesidades de los hijos e hijas, para la alimentación, para la salud, para todo aquello que no se pone en pausa”, sostuvo la parlamentaria al presentar la iniciativa.

Según Hassler, cerca de 270 mil personas continúan sin pagar la pensión de alimentos de sus hijos e hijas. Además, indicó que, a mayo de 2025, el 96% de quienes figuraban como deudores correspondía a hombres.

“Queremos que la deuda de pagos de pensión de alimentos en nuestro país se termine, por eso vamos a trabajar para que este proyecto sea ley”, afirmó.

La iniciativa propone establecer obligaciones para los organizadores de espectáculos, los vendedores de entradas, las sociedades operadoras de casinos y las plataformas de juego en línea autorizadas. Estos actores tendrían que consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos antes de concretar una operación.

En caso de que una persona figure en el registro, se debería impedir la compra o emisión de entradas, restringir su ingreso al recinto correspondiente o suspender sus cuentas y operaciones en plataformas de apuestas, según el tipo de servicio involucrado.

La medida no tendría carácter permanente. Las restricciones podrían levantarse cuando la persona deje de aparecer en el registro, ya sea por el pago de la deuda o por alcanzar un acuerdo aprobado judicialmente.

Con esta propuesta, la parlamentaria busca incorporar nuevas consecuencias para quienes incumplen el pago de las pensiones alimenticias, utilizando el acceso a determinados espacios de ocio y entretenimiento como mecanismo de presión para promover el cumplimiento de esta obligación.