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La firma de los decretos por parte del ministro de Justicia Fernando Rabat y del subsecretario Luis Silva permitió la salida de prisión de 3 miembros del Tren de Aragua, quienes habían sido condenados por el delito de extorsión a mujeres en La Serena.

Este escenario se dio a conocer luego de que un reportaje del medio Interferencia revelara previamente que el Ejecutivo rebajó las penas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. 

Al ser consultado en el Congreso sobre las medidas que beneficiaron a los supuestos integrantes del Tren de Aragua, el ministro Rabat optó por no abordar directamente los casos particulares de dichos delincuentes y centró su postura en las iniciativas parlamentarias en curso.

En relación con el trabajo legislativo, la autoridad remarcó el avance de las reformas impulsadas expresando: “Hemos iniciado la tramitación legislativa de lo que el presidente José Antonio Kast ha llamado "Nunca Más". Nunca más porque no habrá más condenados por delitos sexuales en contra de menores en las calles. Quiero llamar la atención sobre que este problema no solamente lo ha detectado el Gobierno, sino que también lo han detectado los parlamentarios”. 

Asimismo, sostuvo que la iniciativa fusionada busca superar un problema de interpretación legal originado en febrero de 2022.

Frente a las reiteradas preguntas por la entrega de estos beneficios, Rabat argumentó que la ley actual no hace distinciones por la gravedad de las faltas, señalando: “Hay que ser muy responsable. Esta es una ley que se encuentra vigente desde el año 2023 y, salvo casos muy específicos, no excluye a tipos de delitos por lo tanto, hay que cuidar con que, durante los últimos 20 años de aplicación de la ley, han recibido beneficios carcelarios condenados por delitos de distinta gravedad”.

Además, añadió que “cada vez que se trata de migrantes con órdenes de expulsión que van a recibir ese beneficio, se oficia también al Servicio de Migraciones y la PDI”.

Por otro lado, el secretario de Estado instó a "no hacer un punto político" con el tema y a continuar el debate "con altura de miras", apuntando a los condicionantes judiciales detrás de las libertades otorgadas.

Sobre este ítem, explicó: “De los 54 decretos, al menos se ha determinado en la investigación que usted señala, que 36 de ellos tenían recurso de amparo previo conforme a las reglas que llamamos los abogados de “cosa juzgada”, no podía sino pronunciarse la comisión respectiva de esos casos”.

Finalmente, la autoridad reiteró que las libertades concedidas obedecen estrictamente a un defecto interpretativo del marco normativo. Según expuso el titular de Justicia, no se trata de una situación aislada, sino de un vacío legal de larga data por el cual se han entregado un total de 375 beneficios carcelarios desde el gobierno de Gabriel Boric hasta la fecha.