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De acuerdo con análisis de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) que revisó cifras de 2023, cada uno de los 771 fiscales del Ministerio Público debió encargarse de 2.013 causas en promedio, pese a que los indicadores recomiendan que no asuman más de 1.250.

Y si se compara con otros países, el país está bastante lejos de contar con el ideal de ocho persecutores por cada 100 mil habitantes, que de acuerdo con mediciones de la Fiscalía Nacional sería lo ideal.

Según los resultados de un estudio citado por La Tercera, Chile cuenta con 3,7 fiscales por cada 100 mil habitantes, mientras que Colombia, que tiene uno de los sistemas penales más similares en la región, cuenta con 9,1. Por otra parte Suecia cuenta con 10 fiscales por cada 100 mil habitantes, Perú tiene 4,3; Ecuador, 5,1; Bolivia 5; Argentina, 3,93, y España, 5,6.

Por lo mismo, Francisco Bravo, presidente de la ANF, insiste en que se requieren mayores cambios. “Hay un problema grave de sobrecarga y de distribución de recursos (...). Hay fiscalías que están fatigadas y donde la posibilidad de mejorar rendimiento es prácticamente cero”, manifestó.

Aquello es compartido por los académicos de la Universidad de Chile Jorge Rivera y Cristián Letelier, quienes expusieron ante la Comisión de Constitución del Senado evidenciando que el aumento que han tenido los ingresos de causas no se condice con la dotación de personal que actualmente tiene el Ministerio Público.

“La proporción de fiscales asignado por regiones está bastante lejos de los fiscales que se consideran como estándar. Tenemos una situación de demanda que es diferenciada entre regiones, fiscales que no mantienen proporción con la población y los delitos complejos y, además, insumos para la persecución penal que han sido constantes”, indicó Rivera.

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Parte del estrés bajo el cual se encuentra la Fiscalía busca ser subsanado con el proyecto de fortalecimiento que actualmente se discute en particular en la Comisión de Constitución del Senado y que contempla modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y a la ley que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y funcionarios del organismo.

El texto busca concretar el mayor incremento de dotación de personal desde la creación de la entidad hoy liderada por Valencia, sumando 819 funcionarios en cuatro años. De ellos, 205 serán fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y cinco auxiliares.

De esta forma, se pasará de 771 fiscales a 976, que se repartirán en las 19 fiscalías regionales, y aunque aquello está lejos de considerarse lo óptimo, como el mismo fiscal nacional aseguró en su cuenta pública, es valorado como un avance.

“Este proyecto es de la mayor relevancia para la institución. Por eso queremos aprovechar esta instancia para hacer presente la necesidad de tramitarlo con la debida urgencia, de manera de poder contar con los recursos para hacer frente a la crisis de seguridad que estamos experimentando. Nuestro llamado es al Congreso, para darle la debida celeridad y urgencia a su tramitación, en la medida en que, si bien no constituye el óptimo de dotación, nos permite paliar la emergencia actual”, sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia.