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En la Cámara de Diputados, la comisión encargada de recabar antecedentes sobre las 89 cajas con osamentas depositadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como de 300 osamentas que, según el Servicio Médico Legal (SML) pudieran corresponder a detenidos desaparecidos, recibió a la directora nacional de esta entidad, Marisol Prado Villegas.

Prado en su presentación se refirió a la evolución del abordaje pericial correspondientes a víctimas de desaparición forzada de la dictadura militar.

En este contexto, la directora nacional del SML expresó que se trata de una revisión histórica con información resguardada en los distintos archivos.

Además, indicó que la función del organismo fue la búsqueda, identificación, determinación de la causa de muerte y la restitución a las víctimas.

A su vez, recordó hallazgos emblemáticos, así como exhumaciones que no se realizaron por personal especializado. Tal situación, comentó, provocó daños importantes y la pérdida de gran parte del contexto asociado.

Entre otros puntos, dijo que el año 2001 se distingue un avance en la identificación de las víctimas con la creación de un equipo pericial. Luego, en 2003, se establecen las funciones de la unidad especial de identificación de detenidos desaparecidos y se crea el grupo especial de antropología forense, que ha ido avanzando con los años.

La titular del SML reconoció y dejó en evidencia que, al momento de hacer las identificaciones, la institución contaba con insuficientes estándares científicos, profesionales y de infraestructura.

Especificó que no existía la especialidad de antropólogo físico. Por otra parte, la genética no era de uso generalizado y sus alcances limitados. Además, no se contaba con protocolos forenses validados.

Esta crisis, explicó, contribuyó a la modernización inicial y dio mayor profesionalización de la actividad. Junto a ello, estableció la necesidad de auditar los procedimientos y de capacitar a los peritos de forma continua, lo que se llevó a cabo con el acompañamiento de la comisión asesora presidencial para la formulación de políticas en materia de derechos humanos y el panel de expertos.