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El nuevo sondeo de Black & White abordó la polémica por las pensiones de gracia, las críticas que ha recibido el Gobierno al respecto y el test de drogas para los parlamentarios.

Según consignó Emol, Paola Assael, de Black & White, señaló que la evaluación del Presidente Gabriel Boric “empeoró”, “desde 33% a 29% de aprobación, y empeoró la evaluación de la gestión contra la delincuencia, desde 26% a 23% de aprobación".

En cuanto a las pensiones de gracia, el estudio estableció que el 86% se encontraba al tanto de este beneficio entregado a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones del 18-O y las discusiones que surgieron para revocarlas.

El 56% indicó estar de acuerdo con la revocación de las pensiones de gracia a todos quienes tienen antecedentes penales.

Sobre el desempeño de personas o entidades relacionadas en alguna medida con las pensiones de gracia, la mayoría de los entrevistados evaluó mal o muy mal al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; Presidente Gabriel Boric; la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; el ministro de Justicia, Luis Cordero; el ex Presidente, Sebastián Piñera; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Contraloría General de la República se posicionó como la mejor evaluada.

Respecto al test de drogas, el 90% manifiesta que es necesario aplicar este test a todos los parlamentarios y parlamentarias. Además, la mayoría considera que se debería realizar en alcaldes (92%), ministros (90%) y al Presidente (87%).

Por otro lado, el 29% de los encuestados aprobó la forma en que el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno.

El 77% de quienes participaron del estudio mencionaron la inseguridad, delincuencia y narcotráfico en primer o segundo lugar sobre el "principal problema que enfrenta Chile".

En tanto, el 23% aprueba la forma en que el Gobierno del Presidente Boric se encuentra enfrentando la delincuencia. Al respecto, Assael manifiesta que "la delincuencia es por lejos el principal problema de los chilenos. Se está a favor todo lo que sea mano dura con la delincuencia, y se está en contra de concesiones a personas que cometen delitos. Así ocurre en el caso de las pensiones de gracia, en que la mayoría está de acuerdo con revocarlas a todos los que tienen antecedentes penales, sin excepción".