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El Senado votará hoy, hasta total despacho y sin debate, el proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, 70 años en el caso de los hombre, 65 para las mujeres.

Ayer, la iniciativa generó una intensa discusión pues el oficialismo sostuvo que beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos que “no han mostrado arrepentimiento”. Además, "no distingue entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores".

En tanto, la oposición defendió el proyecto de los senadores Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel y Enrique Van Rysselberghe, y mencionó que diversos tratados y organizaciones internacionales “han establecido la obligación de un trato digno y humano para los privados de libertad en general, y respecto de los adultos mayores en especial”.

En lo fundamental, el proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.

El senador Francisco Chahuán dio detallada cuenta de la iniciativa que busca compatibilizar la normativa actual con los compromisos y acuerdos internacionales en materia de derechos de personas adultas mayores.

En tal sentido, explicó que el proyecto “define la enfermedad terminal como aquella enfermedad o condición patológica grave y progresiva, que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar su evolución, y por lo tanto tiene un pronóstico fatal en un tiempo variable".

También consignó que "la condición de enfermo terminal deberá estar debidamente diagnosticada y se acreditará mediante la certificación unánime e inequívoca de a lo menos tres médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica”.

Tras darse por finalizada la primera discusión, se realizó una reunión de comité y se acordó votar el proyecto este miércoles, sin fundamento de los votos. El aplazamiento provocó la molestia del oficialismo, mientras en las graderías el debate era seguido por organizaciones de derechos humanos.

Al respecto, la senadora Isabel Allende (PS) expresó que “me da dolor y vergüenza lo que está pasando. Dolor por todas las organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de ejecutados que nos acompañan”.

Además acusó a la oposición de utilizar “cualquier expediente” para dilatar la votación. “Hoy no tienen los votos, digamos la verdad. No les importa el contenido, no importa lo que aquí se presentó, aquí lo que importa es que ustedes ven que se les va a rechazar el proyecto”, afirmó Allende.