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La ministra del interior, Carolina Tohá, acudió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados para conversar sobre las pensiones por gracia otorgada a personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019, indicando la imposibilidad de cambiar el reglamento y que “no hay manera de revertir el beneficio”.

Tras finalizar la sesión, Tohá manifestó que “el Ejecutivo puede anular un decreto y eso lo que va a pasar en principio, lo que uno supondría, es que los tribunales van a tener que resolver qué interpretación se le da”, complementó.

Estas declaraciones se dan luego que en septiembre, el subsecretario Manuel Monsalve declarara en la misma instancia de la Cámara Baja que de las 418 personas que se vieron beneficiadas por pensiones de gracia en 2022, 40 poseían antecedentes penales todos ellos “antiguos y por delitos menores".

De las cuales, indicó que 17 fueron otorgados durante el gobierno de Sebastián Piñera y 23 fueron entregadas por la actual administración.

En ese contexto, afirmó que se trata de una "facultad exclusiva del Presidente de la República" y que "todos los Presidente de la República lo han tenido". Además, acotó que "si el Presidente de la República lo estima pertinente podría revocar el beneficio".