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El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el Ministerio Público analiza abrir una investigación específica respecto de los depósitos que el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, realizó al senador Matías Walker (por $1,6 millones) y al diputado Cristian Araya (por $1,7 millones).

En entrevista con Radio Pauta, el persecutor evitó calificar a ambos políticos como imputados, pero sostuvo que los antecedentes públicamente conocidos “ameritan ser investigados”.

“Amerita que se realice una indagatoria particular. Es decir, que no se consideren como circunstancias irrelevantes, sino que deban ser esclarecidas. Y sobre particular, efectivamente, es nuestra opinión que deberían realizarse diligencias para esclarecerlo, en ambos casos”, aseveró Valencia.

El fiscal también distinguió entre ambos casos. En el de Walker, la explicación del depósito requiere “ser esclarecida” en el contexto “de presuntas gestiones irregulares para obtener resoluciones judiciales favorables”.

En el de Araya, afirmó que hay antecedentes que apuntarían a “gestiones de apoyo a un ministro y de desprestigio de un diputado en ejercicio”, asuntos vinculados a otras aristas ya abiertas por la Fiscalía.

El fiscal remarcó que existen diversas alternativas para abordar el caso. Una de ellas es separar la investigación de la trama bielorrusa y abrir una nueva arista, otra es incluir los antecedentes dentro de la misma investigación.

Y también hay una tercera alternativa, que consiste en “que se separe una investigación, pero quede a cargo de una o de las mismas fiscales (que hoy llevan el caso)”.

Independiente de qué opción de tome, el fiscal señaló que esta jornada tomarán "una decisión sobre lo particular respecto a qué es lo que va a pasar en estas dos situaciones, respecto de la situación del senador Walker que se ha hecho pública y la situación del diputado Araya”.

Consultado por una eventual investigación al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, Valencia señaló que no es necesario abrir una causa nueva, puesto que los hechos “ya están siendo investigados”.

Añadió que podría ser citado, así como otros magistrados, si resulta necesario para determinar si hubo “un artilugio para asegurar decisiones favorables”, pero advirtió que no corresponde instalar sospecha general sobre todo el Poder Judicial.

También defendió el actuar del Ministerio Público frente a las críticas de la exministra Ángela Vivanco, quien acusó persecución mediática. Valencia respondió: “La señora Vivanco salía todos los días a decir eso. Y nosotros nos preocupábamos de hablar en tribunales”.

Justificó el uso de la querella de capítulos como paso previo para solicitar medidas cautelares cuando se trata de ministros o exministros de tribunales superiores.

Finalmente, reafirmó la autonomía del Ministerio Público en estas causas: “Presión ninguna, nunca hemos recibido una presión”, y aseguró que el objetivo es investigar “con seriedad, sobriedad, apego a la ley y a la ética”.