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El Consejo Constitucional aprobó este miércoles la norma propuesta por el Partido Republicano que protege "la vida del que está por nacer". Desde el oficialismo plantearon que dicha enmienda podría complicar la vigencia de la actual ley de aborto en tres causales.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó el tema durante una entrevista realizada en ADN, donde realizó un análisis respecto a la aplicación de la ley vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

"La aplicación neta tiene que ver con una cifra cercana de 3.200 abortos practicados en la causales que detalla la ley. La mayoría fueron por la causa de inviabilidad; en segundo lugar el riesgo de vida materno (…) y también la causal de violación", detalló.

En ese sentido, explicó que "más de la mitad de las solicitantes son menores de edad y las más recurrentes son menores de 13 años". 

La secretaria de Estado manifestó que "hay muchos embarazos por violación en niñas que no alcanzan a constituirse como causal, porque tiene un límite de semanas por gestación".

“Eso nos permite poner en dimensión la discusión que se está enfrenando hoy, que es parte de las atribuciones del Consejo Constitucional, que es autónomo. Pero eso no obsta que como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos trabajando por la correcta implementación de esta ley", enfatizó.

En cuanto a lo aprobado este miércoles por el órgano redactor, la titular de la Mujer sostuvo que lo que en el análisis jurídico “permitiría que por ejemplo podríamos retroceder respecto a la pastilla del día después”.

En esta línea, subrayó que “el Consejo Constitucional es un organismo autónomo que fue electo para estos efectos, por lo tanto, como Gobierno, respetamos esta autonomía. A mí, personalmente, me preocupa”.

“Estamos hablando de implicancias en la pastilla del día después, que ha sido tan importante en la reducción del embarazo adolescente en Chile. Ni siquiera la Constitución del 80 era incompatible”, manifestó la secretaria de Estado.

De esta forma, recalcó que “no es una cuestión de oficialismo u oposición. Lo que muestran las encuestas es que la mayoría de la población está, al menos, de acuerdo con las tres causales y en que no hay que criminalizar”.

Asimismo, la ministra mostró su preocupación tras reconocer que los que los “avances civilizatorios” podrían verse perjudicados.