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Cotizaciones previsionales heredables, nuevos retiros, gratuidad en educación y límites al derecho a huelga fueron algunos de los temas abordados por los autores de cinco de las 31 Iniciativas Populares de Norma (IPN) que quedaron radicadas en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional.

La exposición comenzó tratando el tema pensiones, donde Macarena Letelier, vocera del movimiento Con mi plata No, propuso la IPN 2.507 para “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir de los trabajadores sobre los ahorros previsionales”.

“Defendemos que los trabajadores sigamos siendo dueños de nuestras cotizaciones, que estas puedan ser heredables, que podamos elegir quién administra nuestro fondo -tanto instituciones públicas como privadas-, y que el sistema tenga un componente importante de solidaridad a través de una pensión garantizada universal, de modo que no haya ningún jubilado bajo la línea de la pobreza”, afirmó Letelier.

Respecto al mismo tema, Felipe Corvalán y Cristián Vivian, representantes de “Es mi plata y punto” presentaron la IPN 4.459 que propone “la libre administración del 10% anual de nuestros fondos previsionales”.

“Nuestra iniciativa no busca obligar a la gente a sacar su dinero; solo brinda la opción de que los cotizantes puedan retirar un 10% anual sin depender de políticos inescrupulosos que ofrecen en campaña la opción de retirar, pero una vez logrado el objetivo, le dan la espalda a los mismos votantes que ingenuamente creyeron sus mentiras de campaña”, afirmó Corvalán.

En cuanto a materia de educación pública, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, expuso la IPN 5.127 titulada “Educación pública para Chile”, la que propone “reconocer al Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile”.

Aunque Corrales destacó que el derecho a la educación queda bien consagrado en el anteproyecto de la Comisión Experta, señaló que “la redacción no pone con suficiente claridad y nitidez, como contraparte a ese derecho, el deber que le asiste al Estado como proveedor de educación pública, ni tampoco define las características que esta última debe tener para garantizar el adecuado ejercicio de ese derecho”.

El rector agregó que la educación ha sido uno de los principales reclamos de la ciudadanía, y que la normativa debiese garantizar “la calidad y el financiamiento que requieran sus establecimientos educacionales”, tanto en la educación parvularia, básica, media y superior.

Respecto a trabajo y sindicalización, Eric Campos, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, expuso la IPN 9.315 titulada “Una constitución política para las y los trabajadores de Chile”, la que introduce cambios al derecho a la sindicalización.

“Hemos propuesto que se reconozca la libertad sindical de las y los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga”, señaló Campos.

La comisionada Bettina Horst (UDI) afirmó que existe un “temor de las huelgas libres, a todo evento”, ya que podrían instrumentalizarse políticamente y no por el interés de los trabajadores. Campos replicó que “nosotros no somos huelguista ni gimnastas de la huelga. A lo que apostamos es a que nunca hagamos huelga. Sin embargo, es cierto también que los resultados de las negociaciones colectivas regladas son más favorables al capital en aquellas instancias donde no hay derecho a huelga”.

“Sabemos que la actual constitución tiene establecida una asimetría entre el capital y el trabajo; es decir, entre los derechos de los empleadores o los dueños del capital, y los que tenemos los representantes del trabajo. Lo que equilibra esa asimetría es el derecho a huelga”, finalizó.

Sobre vivienda, En materia de vivienda, Lidia Venegas presentó la IPN 10.327 titulada “Derecho a la vivienda digna, segura y propia”, y que busca complementar los alcances de la redacción propuesta por el anteproyecto de la Comisión Experta.

“El Estado de Chile ha incumplido sistemáticamente su obligación de asegurar progresivamente y con el máximo de recursos disponibles el goce universal y oportuno de este derecho”, aseguró Venegas, dirigenta del comité para la vivienda Peumayén de la comuna de El Bosque.

La expositora afirmó que la cifra de déficit habitacional en 2022 correspondía a 650 mil viviendas, lo que representa un aumento de un 66% en siete años, y que la situación se ha visto agravada desde la pandemia. “No hay una política de Estado. La provisión de viviendas sociales está determinada por la voluntad política de los gobiernos de turno”, concluyó.

Este jueves la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales recibirá la última ronda de audiencias con los autores de IPN. Luego, la totalidad de ellas será votada en igualdad de condiciones que las enmiendas de los consejeros.