Actualidad

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la cautela de garantía solicitada por la defensa del alcalde de Recoleta Daniel Jadue al considerar que la fiscalía había actuado conforme a derecho y no se habían conculcado las garantías constitucionales que le asisten al jefe comunal, ni se había vulnerado ninguna ley, luego de que decidiera no viajar ante la posibilidad de que se dictara orden de arresto en su contra para evitar que saliera del país.

Durante la audiencia, el abogado del alcalde, Rodrigo Sepúlveda aseguró que el llamado de la fiscal Giovanna Herrera hacia su representado fue una “amenaza ilegal”. En la conversación, afirmó el profesional, la fiscal argumentó con que “no hay tratado de extradición con Venezuela”.

Criticó, asimismo, la presunción de la fiscalía sobre el peligro de fuga en relación a Jadue a previo a su formalización por el caso Farmacias Populares previsto para el 19 de mayo. En ese sentido, dijo que desde que conocen de la formalización, Jadue ha viajado cinco veces, dos de ellas a Venezuela en noviembre y diciembre del año pasado.

“Creemos que se han vulnerado varios derechos y garantías legales y constitucionales consagradas por nuestro sistema de justicia”, dijo el Sepúlveda, quien señaló que lo que hizo la PDI fue una “retención o detención ilegal”.

Por su parte el fiscal regional de la fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, defendió la “alerta temprana” emitida el 1 de abril respecto a Jadue y mediante la cual la Policía de Investigaciones reportó al Ministerio Público del viaje del alcalde.

“La fiscalía en caso alguno ha coaccionado ni avisado ni impedido ni amenazado ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria. Simplemente se conversó con el abogado de la causa (…)Se señaló la situación indicándole, dándole a conocer que frente a este nuevo escenario la fiscalía estaba evaluando la posibilidad de solicitar un aumento de la intensidad de las cautelares”, agregó el persecutor.

Al resolver, la jueza Katherine Román dijo que “no existen antecedentes para estimar una discriminación”, en este caso. Y que “no existe ninguna afectación de las garantías en que ha sustentado la defensa sus alegaciones”, rechazando la solicitud de Jadue a través de su defensa.