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La inclusión de la norma de “amarre” en el proyecto de reajuste del sector público 2026 generó la reacción inmediata de la UDI, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno logra aprobarla en el Congreso.

La disposición establece que la no renovación de contratas debe fundarse en criterios objetivos y verificables, y reduce de cinco a dos años la llamada “confianza legítima”.

Para la bancada opositora, esta medida “no sólo perjudica gravemente a los funcionarios de carrera, sino que, además, abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública, integrada por operadores y apitutados políticos afines al actual Gobierno”.

Como consecuencia de esa interpretación, los diputados Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri sostuvieron que el Ejecutivo está transformando el reajuste en “una reforma encubierta al Estatuto Administrativo, sin abrir un debate serio y transparente que exige una materia de este tipo”.

Por ello advirtieron: “si el Ejecutivo insiste en incorporar estas medidas (…) vamos a recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional, porque no vamos a permitir que por la puerta trasera terminen blindando a sus operadores políticos”.

La UDI extendió su crítica hacia los partidos de centroizquierda, llamando al PS y al PPD a rechazar la norma. Según los parlamentarios, “no se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral”.

Finalmente, la consecuencia política que subrayan es que “lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder. Así que, si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores (…) no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso”.