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El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó tras un nuevo Cogrid Nacional que la cifra de víctimas fatales por los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía aumentó a 21 personas, luego de que se reportara un nuevo fallecimiento en Lirquén, Región del Biobío.

Con ello, esta última región concentra 20 decesos, mientras que Ñuble registra uno. El Servicio Médico Legal ha logrado identificar a 11 de las víctimas.

El balance oficial entregado por las autoridades refleja la magnitud de la emergencia: hasta las 20.00 horas de ayer se contabilizan 20.278 damnificados, 817 viviendas destruidas, 544 personas albergadas en 14 recintos habilitados y el despliegue de 93 aeronaves para el combate del fuego.

Además, se han trasladado más de 130 toneladas de ayuda hacia las zonas afectadas.

Respecto de los focos activos, Elizalde detalló que hasta las 18.00 horas de ayer se mantenían 21 incendios en combate, entre ellos algunos de gran complejidad como los de Perales en el Biobío y Rahuil Bajo en Ránquil, Montenegro y San Lorenzo en Quillón, Trinitarias y Rancho Chico en Concepción, Rucahue Sur en Laja y otro en Florida. Para dimensionar la emergencia, el ministro recordó que en lo que va de la temporada se han emitido 290 mensajes SAE, de los cuales 210 fueron enviados desde el 17 de enero.

En paralelo, el Gobierno dispuso la prohibición del uso de drones en las áreas afectadas, medida que incluye a medios de comunicación. Elizalde advirtió que la presencia de estos aparatos representa un riesgo para las aeronaves que participan en el combate de los incendios.

En materia de seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que se registran 11 personas detenidas: cuatro por el delito de incendio y siete por infracción al toque de queda. Entre los primeros, destacó el caso de un individuo aprehendido en Perquenco, La Araucanía, sorprendido con combustible y acelerantes, contra quien el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención y se presentó una querella.

De los siete detenidos por incumplir el toque de queda, dos fueron puestos a disposición de la justicia. Uno enfrenta cargos por homicidio frustrado contra una funcionaria de Carabineros, tras embestirla con un vehículo al intentar evadir el control. El otro fue arrestado por mantener una orden judicial vigente.