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Este jueves, la exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, declaró ante la fiscalía nacional en calidad de imputada en el marco del caso convenios, en su arista Democracia Viva, en el que se indaga el traspaso de $426 millones, en tres contratos, desde Vivienda a la ONG ligada a Revolución Democrática.

Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD) afirmó que no había nada en el funcionamiento del convenio en particular que llamara particularmente su atención, aunque admitió que había retraso generalizado.

“Empecé a trabajar en el Ministerio de Vivienda en junio y había un atraso en porcentaje alto en ejecución presupuestaria. Ejecutar el presupuesto no significa solamente gastar plata sino que significa llevar atención a los campamentos. Por lo tanto, no se estaba haciendo la tarea y esa fue mi preocupación”, dijo la es funcionaria de Vivienda.

Además negó haber manifestado reparos respecto al convenio en cuestión. “No, porque yo no elijo las fundaciones”, afirmó.

“Que conste que los convenios los firman las regiones, los seremis. Yo no tengo facultad sobre su decisión. No tengo ningún vínculo, ninguno, ninguno, sobre la decisión que se tomó sobre Democracia Viva, ni sobre ninguna fundación”, aseguró, junto con dejar en evidencia que el retraso en Antofagasta era mayúsculo.

“Que conste que Antofagasta tenía un atraso superior al de todas las regiones”, subrayó.