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El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, criticó la acusación constitucional que presentó la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a violadores de niños y criminales de lesa humanidad.

A juicio del vocero, el mecanismo de control político y jurídico  está “mal” preparado. Con respecto al tiempo entre el anuncio y el ingreso del procedimiento, señaló que “por fin la presentaron, ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política“.

En conversación con 24 Horas, dijo que los diputados de oposición elaboraron “un texto, hasta donde conozco, bastante liviano, que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional“.

“El ministro responderá, es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien en esa acusación constitucional, porque una acusación así de liviana, así de mal preparada, así de ideológicamente sesgada, creo que no puede tener ningún triunfo en el Congreso”, declaró.

La AC fue ingresada el día de ayer, 12 de noviembre de 2026, por legisladores de oposición. El documento tiene 189 páginas, estructurado en tres capítulos:

• Capítulo I (Rebajas a agresores sexuales de menores)
• Capítulo II (Beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad)
• Capítulo III (Falta de probidad y entrega de información incompleta)

Según informa Radio Bío Bío, el libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, contenida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental; y abre una tramitación que podría terminar con la destitución del secretario de Estado, si la acusación prospera en la Cámara y posteriormente en el Senado. 

Luego del trámite de ingreso, la diputada Gael Yeomans, presidenta del FA, declaró que “como oposición presentamos la acusación constitucional contra el ministro Rabat porque debe asumir su responsabilidad por rebajar la condena a 56 abusadores y violadores de niñas y niños, aunque la ley lo prohíbe, rebajar las penas de tres condenados por lesa humanidad, que hoy están libres y entregar información falsa al Congreso para justificar esas rebajas”.

A su juicio, “Rabat abandonó el criterio que su Ministerio sostenía desde 2022 y favoreció a los condenados, pasando por alto a las víctimas y sus derechos”.